Por Bruno Cortés
El diputado federal Felipe Miguel Delgado Carrillo afirmó que el sector empresarial y el gremio de la abogacía constituyen ejes cuantitativos indispensables para consolidar la reestructuración del modelo económico en México. Durante su intervención en el recinto legislativo de San Lázaro, el parlamentario sostuvo que la integración de ambos sectores determinará la sostenibilidad fiscal e industrial del país en los próximos años.
De acuerdo con las proyecciones expuestas, la red de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas abarca más de 4.8 millones de unidades económicas operativas a nivel nacional, las cuales generan más de 8 de cada 10 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta infraestructura productiva representa la base de recaudación que sostiene el gasto público y los programas sociales del Estado.
Delgado Carrillo precisó que la transformación económica no puede ejecutarse de manera unidireccional desde el sector público. La inversión fija bruta, indispensable para mantener tasas de crecimiento superiores al 2.5% anual, depende en un 85% de la aportación del capital privado interno y de la atracción de flujos de inversión extranjera directa hacia sectores estratégicos.
En este esquema, el papel de la abogacía destaca como la garantía técnica que brinda certeza a las transacciones comerciales y a los contratos de coinversión. La elaboración de marcos normativos claros y la certidumbre en el cumplimiento de los contratos son factores contables que inciden directamente en la calificación crediticia del país y en el costo de financiamiento para proyectos de infraestructura.
El legislador citó indicadores que demuestran que las entidades con mayor densidad de servicios de asesoría jurídica especializada registran un 30% más de retención de inversiones tras la implementación de reformas regulatorias. Esta correlación subraya la necesidad de mantener un canal institucional abierto entre los poderes de la Unión y los colegios de abogados.
Respecto al panorama industrial, la relocalización de cadenas de suministro exige la actualización de regulaciones en materia fiscal, laboral y ambiental. La participación del empresariado en mesas de trabajo técnicas permitirá reducir los tiempos de tramitología en la instalación de nuevas plantas productivas en los corredores del norte y sur-sureste.
Finalmente, el diputado concluyó que la meta cuantitativa del periodo legislativo radica en armonizar 12 leyes secundarias que regulan el comercio exterior, la libre competencia y el desarrollo de patentes, asegurando que el nuevo modelo económico mantenga niveles competitivos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
