ada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la palabra “sororidad” ocupa pancartas, discursos y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, su significado va mucho más allá de la solidaridad cotidiana. Se trata de un concepto con raíces históricas, desarrollo académico y una presencia concreta en movilizaciones sociales contemporáneas.
El antecedente más citado se remonta a 1921, cuando el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno señaló en su novela Tía Tula la ausencia de un término equivalente a “fraternidad” —derivado del latín frater— que nombrara el vínculo entre mujeres a partir de soror, hermana. Aquella observación lingüística evidenciaba un vacío simbólico: la falta de una palabra que reconociera la alianza femenina en el espacio público.
Décadas más tarde, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde retomó esa inquietud y la incorporó al análisis feminista latinoamericano. Lagarde definió la sororidad como un pacto político entre mujeres orientado a construir alianzas estratégicas frente a contextos de desigualdad estructural. Nombrar ese vínculo, sostuvo, permite identificar prácticas históricas de apoyo mutuo y dotarlas de dimensión pública y política.
Desde el ámbito científico, diversas investigaciones han explorado patrones de cooperación en mujeres. En el año 2000, la psicóloga estadounidense Shelley E. Taylor publicó en la revista Psychological Review el modelo “tend and befriend” (cuidar y vincularse), que propone que ante situaciones de estrés las mujeres tienden con mayor frecuencia a generar alianzas sociales como estrategia adaptativa. Especialistas subrayan que estos hallazgos describen tendencias observadas en determinados contextos y no implican determinismos biológicos.
En estudios organizacionales también se ha documentado que la diversidad de género puede asociarse con dinámicas colaborativas y procesos de toma de decisiones más deliberativos. No obstante, académicas en estudios de género insisten en que la sororidad no supone homogeneidad ni ausencia de conflicto, sino la construcción consciente de alianzas en torno a objetivos compartidos, desde una perspectiva interseccional que considere factores como origen étnico, clase social, orientación sexual o discapacidad.
El concepto ha cobrado especial visibilidad en movilizaciones recientes. El movimiento MeToo, iniciado en 2017, permitió la articulación masiva de testimonios sobre acoso y violencia sexual a través de plataformas digitales, modificando el debate público en múltiples países. En España, las protestas tras el Caso La Manada derivaron en una resolución del Tribunal Supremo en 2019 que reclasificó el delito como violación y, posteriormente, en la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en 2022. Analistas señalan que la movilización social formó parte del contexto que acompañó estos cambios normativos.
En el marco del 8M, la sororidad se consolida así como un concepto que articula antecedentes históricos, desarrollo teórico y prácticas de acción colectiva. Su presencia en el debate público refleja su incorporación al lenguaje político contemporáneo, pero también plantea un desafío: evitar que se diluya en el uso superficial.
Más que una consigna, la sororidad implica reconocer intereses comunes, construir redes de apoyo y actuar colectivamente frente a la discriminación y la violencia. Es, en esencia, una práctica sostenida de alianza y resistencia que, para conservar su fuerza transformadora, debe mantenerse anclada en acciones concretas y en un compromiso crítico con la igualdad.
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