El reloj sigue corriendo y en Jalisco parece que las autoridades decidieron echarse a la hamaca. A año y medio de la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno y el Congreso tapatío continúan en un franco desacato al omitir las modificaciones necesarias para permitir la elección popular de jueces y magistrados.
Este miércoles, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado morenista Carlos Palacios Rodríguez alzó la voz para denunciar esta parálisis institucional. Mediante un Punto de Acuerdo, el legislador exigió al Ejecutivo y Legislativo de esa entidad que saquen la chamba atrasada y cumplan con el mandato constitucional que venció hace exactamente un año, el 15 de marzo de 2025.
La reforma federal, promulgada el 15 de septiembre de 2024, fue clara al otorgar un plazo de gracia de 180 días para que los congresos locales armonizaran sus leyes secundarias y constituciones estatales. Sin embargo, mientras gran parte del país ya le dio cauce al ordenamiento, Jalisco figura entre las contadas entidades que siguen pateando el bote frente a la obligación constitucional.
Para Palacios Rodríguez, este tortuguismo legislativo no es un mero descuido administrativo, sino una jugada política fríamente calculada. El legislador federal señaló directamente a las fracciones de Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN de tener «secuestrado» al Congreso local, impidiendo que avance cualquier dictamen relacionado con la democratización de sus tribunales.
Según la lectura del diputado de Morena, la verdadera intención de la alianza opositora en el occidente del país es cobijar a los poderes fácticos que históricamente han movido los hilos en la región. Afirma que existe una resistencia férrea para conservar los privilegios de las cúpulas, cerrando la puerta a que los ciudadanos elijan en las urnas a quienes imparten justicia.
“Por eso presenté este Punto de Acuerdo para que desde la Alta Tribuna de la Cámara de Diputados se exhorte tanto al Gobierno de Jalisco, como al Congreso local para que cumplan con sus obligaciones constitucionales», recalcó el representante popular, dejando en claro que la ley suprema no se negocia en lo oscurito ni se deja guardada en el tintero.
La advertencia lanzada desde la capital del país trae un as bajo la manga que podría dejar a los políticos locales chiflando en la loma. De mantenerse esta postura de oídos sordos, la legislación contempla una salida en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) asumiría el control total de la situación de manera supletoria.
En términos prácticos, esto significa que el árbitro electoral nacional aplicaría directamente el marco legal federal para organizar, convocar y calificar la elección del Poder Judicial en territorio jalisciense para el proceso del 2027, haciendo completamente a un lado a los poderes locales que prefirieron la inacción.
Ahora, la presión recae sobre los hombros de los legisladores tapatíos, quienes tienen el tiempo encima para descongelar el debate en su pleno. De no meter el acelerador, el estado pasará a la historia reciente no por defender su soberanía, sino por ceder la estafeta de su propia renovación judicial al quedarse dormidos en sus laureles.
Sé el primero en comentar