En el pleito público por los lineamientos de derechos de las audiencias hay un dato que nadie ha puesto sobre la mesa, ni el gobierno ni la industria ni los críticos: cuántas quejas reciben realmente los defensores de audiencias que ya operan en México. La figura existe por ley desde 2014. Hay 866 concesionarios de radio y televisión con defensor vigente registrado. Y no existe una cifra nacional consolidada de cuántas personas han acudido a ellos. Ni la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ni el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones publican ese agregado. Se está legislando sobre una puerta sin saber cuánta gente ha tocado.
Los indicios que sí hay apuntan todos en la misma dirección. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que agrupa a Canal 14 y otras señales, reportó en uno de sus informes semestrales de defensoría 3 mil 284 interacciones de audiencia recibidas en el periodo. De todas ellas, únicamente 334 iban dirigidas específicamente a la defensoría. Una de cada diez. El resto eran mensajes al canal, a los conductores, felicitaciones, comentarios sueltos. La gente escribe. Pero casi nunca escribe al defensor.
El contraste con el otro mostrador es lo que ordena la película. Cuando a un mexicano le falla el internet, se le cae la señal del celular o le cobran de más en el recibo, sí se queja, y se queja en masa: solo en un trimestre de 2022 la plataforma de atención a usuarios del regulador recibió 6 mil 174 inconformidades, dirigidas a 59 empresas. Ahí hay volumen, hay estadística trimestral publicada, hay perfil demográfico de quien reclama y hay ranking de las compañías más señaladas. Del contenido de la radio y la televisión, nada de eso existe.
La diferencia entre los dos mostradores explica el comportamiento. Si le falla el internet, usted no tiene alternativa: paga por un servicio, lo necesita para trabajar y cambiar de proveedor implica contrato, instalación y semanas de trámite. Reclamar sale más barato que irse. Pero si el noticiario de la mañana lo hace enojar, la salida cuesta exactamente lo que un movimiento de dedo: le cambia de estación y ya. ¿Para qué llenar un formulario, esperar veinte días hábiles y recibir una recomendación no vinculante, si a un botón de distancia hay otra frecuencia?
Es la vieja diferencia entre el casero y el puesto de tacos. Al casero le reclama porque firmó contrato y mudarse cuesta. Al taquero no le reclama: se va al de enfrente. La radio y la televisión abierta son el taquero. Y en el mercado hay tres mil 121 estaciones concesionadas para elegir.
A eso se suma una barrera práctica que el propio padrón deja ver. El defensor de audiencias no es una ventanilla pública: es una figura interna nombrada y pagada por el mismo medio. Y está concentradísima. De los 866 concesionarios con defensor registrado, todos son atendidos por apenas 159 personas. Un solo nombre, Manuel Barquín Álvarez, figura como defensor de 404 concesionarios que operan 827 estaciones. Cinco personas cubren el 71.6 por ciento del sector.
Súmele que en cuatro de cada diez casos no hay a quién acudir. El 42.1 por ciento de los mil 410 concesionarios de radiodifusión del país no tiene defensor vigente registrado ante la autoridad. Once años después de que la ley lo hiciera obligatorio. Si usted quisiera quejarse hoy de algo que oyó en una estación tomada al azar, hay casi un cincuenta por ciento de probabilidad de que no exista la figura ante la cual hacerlo.
Y hay una capa más, que es de puro sentido común: para quejarse hay que saber que se puede. El directorio oficial donde se consulta quién es el defensor de cada medio está alojado en el dominio del organismo que se extinguió en octubre de 2025. La ruta para ejercer el derecho existe, pero está señalizada con el nombre de una institución que ya no está. ¿Cuántos radioescuchas cree usted que han entrado ahí?
El anteproyecto que está a consulta hasta el 21 de agosto agrega obligaciones sobre ese piso: informes semestrales públicos de quejas, procedimientos documentados, y un recurso ante la Comisión para quien no quede conforme con la resolución del defensor. Si esos informes se publican de forma homogénea y consolidada, por primera vez habrá un número nacional. Es, quizá, el cambio más útil del reglamento y el que menos se ha discutido en el debate.
Lo accionable para el lector es corto y concreto: si algo que oyó o vio le parece falso, engañoso o presentado como noticia siendo opinión, tiene siete días hábiles para presentar la queja ante el defensor de ese medio, que debe responderle en un máximo de veinte días hábiles. El directorio de defensores es público. Y la consulta sobre los lineamientos está abierta a cualquier persona en el portal de la Comisión hasta el 21 de agosto.
La pregunta para llevar a la sobremesa se contesta sola y por eso es buena: en todos estos años, entre usted, su familia y sus conocidos, ¿alguien ha presentado alguna vez una queja ante el defensor de audiencias de un canal o una estación? Si la respuesta es que nadie sabía que existía, ahí está el verdadero problema que ningún reglamento ha atendido.
