Por Bruno Cortés
La diputada Vanessa López Carrillo (PT) propuso reformar el Código Penal Federal para considerar como abuso de confianza el uso no autorizado de tarjetas y recursos de pensiones y apoyos sociales.
La iniciativa plantea sancionar a quienes, como depositarios, custodios, auxiliares o encargados de una tarjeta bancaria, medio electrónico, credencial u otro instrumento de pago, dispongan de los recursos sin consentimiento de su titular.
La propuesta contempla modificar los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal para incluir específicamente los recursos provenientes de pensiones, apoyos económicos y programas sociales del Estado.
Actualmente, las penas por abuso de confianza van de seis meses a seis años de prisión, además de multas de hasta cien veces el salario. La iniciativa plantea incrementar estas sanciones hasta en una tercera parte cuando la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad.
El aumento también aplicaría cuando exista entre la víctima y quien cometa la conducta una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, cohabitación, custodia, subordinación, cuidado o una relación de notoria confianza.
La legisladora señaló que se han identificado casos de despojo y disposición no autorizada de recursos correspondientes a las pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad.
Explicó que algunas personas beneficiarias enfrentan barreras de movilidad, brecha digital o debilidad visual, por lo que confían sus tarjetas y contraseñas a familiares, cuidadores u otras personas para poder disponer de sus recursos.
De acuerdo con la propuesta, en algunos casos quienes reciben o administran las tarjetas retienen indebidamente los fondos o entregan cantidades incompletas para obtener un beneficio económico propio o de terceros.
La iniciativa también plantea que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar implementen protocolos accesibles para orientar, recibir y canalizar reportes o denuncias relacionados con la retención ilícita o despojo de tarjetas de programas sociales. El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis.
