Por Ignacio Fuentes Salazar
La consolidación fiscal que propone la Secretaría de Hacienda para 2027 entra a su tramo decisivo en San Lázaro con un juicio externo que los diputados difícilmente pueden ignorar: el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el 2 de octubre que el plan es más gradual que el anunciado anteriormente y que, con él, la deuda pública seguiría al alza en los años siguientes. La Cámara de Diputados tiene como plazo el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, y hasta ahora la conversación legislativa ha girado en torno a aduanas, pagos digitales y comparecencias, no al tamaño del ajuste.
La tesis de este análisis es sencilla: el Paquete Económico 2027 se está procesando como un trámite de recaudación, cuando la pregunta que plantea el Fondo es de trayectoria. No se trata de un choque frontal —Hacienda presentó la evaluación como un reconocimiento a sus avances—, sino de una diferencia de ritmo. Y esa diferencia importa porque las metas de déficit y los montos de endeudamiento que se votan este mes son justamente la palanca que define si la deuda se estabiliza, sube o empieza a bajar.
Qué pide el FMI sobre la consolidación fiscal
Lo confirmado está en la declaración que el propio organismo publicó. La misión, encabezada por Gustavo Adler, visitó la Ciudad de México del 7 al 15 de septiembre y proyecta que la economía crezca 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027. En el apartado fiscal, el texto es directo: “Se debería considerar una consolidación más ambiciosa y acelerada para colocar a la deuda en una firme trayectoria descendente y recuperar margen de maniobra para la política fiscal”. El Fondo añade que, tras la marcada reducción del déficit en 2025, el esfuerzo continuó este año a un ritmo más lento.
Las recetas no son abstractas. Del lado del gasto, el FMI sugiere focalizar mejor los programas sociales, eliminar de forma progresiva los subsidios a los combustibles y fortalecer de manera duradera las finanzas de Pemex. Del lado del ingreso, y además de las medidas ya incluidas en el presupuesto de 2027, menciona elevar los impuestos locales a la propiedad y a los vehículos, retirar poco a poco los incentivos fiscales en zonas fronterizas, subir y ampliar el impuesto al carbono, reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y fomentar la formalización.
Hay un tercer frente que toca de lleno al Poder Legislativo: el marco de reglas. El organismo advierte que la reciente eliminación de la regla de equilibrio presupuestario y el alcance más estrecho de la regla de gasto estructural corriente dejan como principal ancla operativa la regla de “endeudamiento neto”. Por eso propone adoptar un ancla de deuda de mediano plazo, mecanismos de corrección bien definidos, cláusulas de escape vinculantes y un consejo fiscal independiente. Ninguna de esas piezas se crea por decreto: las reglas fiscales viven en la ley y su modificación pasa por el Congreso.
Las cifras de Hacienda frente a las del Fondo
Los números oficiales explican por qué el Fondo habla de gradualidad. Según la Secretaría de Hacienda, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit, bajaron de 5.8% del PIB en 2024 a 4.9% en 2025; se estiman en 4.1% al cierre de 2026 y en 3.9% para 2027. Esa meta de 3.9%, que en septiembre avaló la calificadora Fitch, es mayor que el 3.5% que la propia dependencia había previsto en los Pre-Criterios. La reducción continúa, pero se desacelera.
En deuda, Hacienda estima que el Saldo Histórico de los RFSP cerrará 2026 en 54% del PIB, 1.4 puntos por encima de 2025, y que llegará a 55% en 2027. El secretario Édgar Amador ha dicho que la deuda se estabilizaría alrededor de 56% del PIB hacia 2030. Leída con calma, la proyección oficial y la advertencia del FMI no se contradicen: ambas describen una deuda que todavía sube unos años antes de aplanarse. La diferencia está en si ese escalón adicional es aceptable o si conviene evitarlo.
Conviene no confundir las cifras. El cuadro del FMI ubica la deuda bruta del sector público en 61.7% del PIB en 2025, 62.1% en 2026 y 62.9% en 2027, niveles más altos que los de Hacienda porque el Fondo suma los activos financieros del sector público e incluye el vehículo que emitió notas estructuradas para apoyar a Pemex y el Fondo de Pago a Proveedores, conforme a su manual de estadísticas. Son metodologías distintas, no un desacuerdo contable, pero las dos apuntan en la misma dirección.
La respuesta oficial fue rápida. Hacienda sostuvo que una consolidación gradual, sustentada en “metas realistas”, mayores ingresos permanentes y una ejecución responsable del gasto, permite reducir el déficit sin comprometer la inversión productiva ni las prioridades sociales, y que el Paquete Económico 2027 plantea disminuir los RFSP dentro de una trayectoria multianual. También afirmó que el país cuenta con reglas fiscales sólidas y límites al endeudamiento, y que seguirá evaluando mejoras al marco fiscal de mediano plazo considerando las recomendaciones de organismos internacionales. Esa última frase es, quizá, la rendija más interesante para el debate legislativo.
Lo que el Congreso puede decidir antes del 20 de octubre
El calendario sí está claro. Hacienda entregó el paquete el 8 de septiembre, con un gasto neto cercano a 10.6 billones de pesos y un rango de crecimiento de 1.5 a 2.5% para 2027. La Comisión de Hacienda se declaró en sesión permanente y, como parte de la agenda que San Lázaro aceleró, ya avanzó en las reformas aduanera y de economía digital. Quedan pendientes la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y los cambios al ISR. Los diputados deben aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre y el Senado tiene hasta el 31; el Presupuesto de Egresos, facultad exclusiva de la Cámara baja, vendrá después.
El margen de maniobra existe, aunque es estrecho. En la Ley de Ingresos se fijan las estimaciones de recaudación y los montos de endeudamiento neto que se autorizan; endurecer la meta implicaría recaudar más o, al votar el gasto, recortar en otros rubros. Varias de las opciones del Fondo, además, no dependen del Congreso federal: el predial y los impuestos vehiculares son locales. Otras, como retirar los estímulos fronterizos o reformar el ISR de personas físicas, tienen un costo político evidente en la antesala del proceso electoral de 2027. No es casual que, desde antes de su entrega, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, anticipara que el paquete buscaría reducir el déficit sin crear nuevos impuestos.
Lo que falta por confirmar también debe decirse. La Cámara perfiló desde septiembre votar la Ley de Ingresos entre el 14 y el 15 de octubre, pero esa fecha depende de la convocatoria formal de la Comisión. La declaración del FMI refleja la opinión de su personal técnico y no necesariamente la del Directorio Ejecutivo, que discutirá el informe final más adelante. Y está por verse si algún grupo parlamentario retoma en los dictámenes las recomendaciones sobre reglas fiscales o un consejo fiscal independiente.
Lo que conviene vigilar en las próximas dos semanas es concreto: si el dictamen de la Ley de Ingresos modifica la meta de RFSP de 3.9% o los techos de endeudamiento, si Hacienda traduce en propuestas su disposición a revisar el marco fiscal y si el Senado introduce cambios antes del 31 de octubre. La consolidación fiscal de 2027 no se juega en el diagnóstico, en el que gobierno y Fondo coinciden más de lo que parece, sino en el ritmo. Y el ritmo, esta vez, se vota en San Lázaro.
