Por Rodrigo Ávila Montaño
Decenas de colectivos de búsqueda y familias de personas desaparecidas pidieron este lunes 19 de octubre que la nueva revisión del Registro Nacional de Desaparecidos no se convierta en “un esfuerzo más para borrar a nuestros seres queridos”. En una carta pública dirigida a los ocho especialistas que la Secretaría de Gobernación (Segob) convocó para analizar el padrón, exigieron conocer de antemano la metodología, los criterios y el mandato del grupo, así como participar directamente en el proceso.
El documento, difundido por El Universal e Infobae, está firmado por más de 40 colectivos de más de 15 estados, entre ellos Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México. Las familias recuerdan que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no es solo una base de datos, sino el instrumento con los nombres e información indispensables para que las autoridades busquen a más de 135 mil personas. Admiten que el padrón necesita mejoras, pero insisten en que cualquier cambio debe hacerse con criterios públicos, verificables y con la participación de quienes buscan.
Qué piden las familias sobre el Registro Nacional de Desaparecidos
Los colectivos cuestionan que los especialistas hayan sido elegidos por las mismas autoridades cuyo trabajo van a revisar. “Lo anterior se debe a que los eligieron las mismas autoridades cuyo trabajo van a revisar, y nos preguntamos cómo van a cuidar su independencia”, señala la carta. Por ello solicitan conocer los objetivos del grupo, sus funciones, alcances, tareas, duración y mecanismos de evaluación periódica antes de que se apliquen sus criterios, y no cuando se presenten los resultados.
La carta está dirigida a Mayank Kejriwal, Zubin Jelveh, Ted Enamorado, Astrid Adriana Pozos, Ernesto Isunza Vera, Esteban Salmón, Guillermo Guevara y Rodrigo Canales. Las familias reconocen que entre ellos hay personas con conocimientos en inteligencia artificial, estadística y políticas públicas, pero dicen desconocer quiénes tienen experiencia directa con las madres buscadoras. “Una vez más se nos está dejando fuera, a pesar de que nadie conoce mejor que nosotras los retos y revisiones que son necesarias hacer”, reclaman.
También piden que, una vez firmados los instrumentos de “colaboración y confidencialidad” anunciados por Gobernación, se convoque a una reunión pública para conocer sus términos completos. Según Infobae, los colectivos exigen además que la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, frene cualquier revisión unilateral del padrón mientras no se aclaren esas condiciones.
La desconfianza viene de la revisión de marzo
El reclamo tiene antecedentes. En marzo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó una revisión del registro que, según las familias, introdujo categorías no previstas en la ley, como los casos con “información suficiente”, los que “requieren completar sus datos” y aquellos con “actividad posterior” a la desaparición. Los colectivos afirman que nunca se publicó la metodología y que el propio SESNSP reconoció no tener facultades para ese trabajo, lo que “ha generado más dudas que certezas”.
“Nuestra experiencia previa con la revisión del Registro Nacional es que se trata a nuestros seres queridos como cifras que van y vienen, lo cual nos desgasta aún más”, escribieron. No es la primera vez que las familias llevan su exigencia ante las instituciones: en septiembre, familias de desaparecidos de tres estados tomaron la FGR en la CDMX para pedir atención directa, y en agosto miles de fichas de búsqueda acompañaron el reclamo de respuestas en la capital.
La carta cuestiona también a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que Gobernación anunció como acompañante del proceso de selección de los expertos. Las familias afirman que esa oficina ha dejado de lado la centralidad de las víctimas y piden a su nuevo representante cambiar esa forma de trabajo.
El contexto: el informe del comité de la ONU
Las organizaciones advierten que el anuncio llega a pocos días de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presente su informe sobre México ante la Asamblea General, donde se evaluará la magnitud de la crisis y la posible creación de un mecanismo de asistencia internacional. Hasta el cierre de esta nota, la Segob no había respondido públicamente a la carta ni había dado a conocer la fecha de arranque, la metodología o la duración de la nueva revisión. Esos datos quedan pendientes.
