Por Bruno Cortés
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 115 de la Constitución con un objetivo concreto: que no pueda volver a elegirse como alcalde o presidente municipal quien no haya solventado las observaciones de las auditorías practicadas durante su periodo. La propuesta fue dada a conocer este domingo 25 de octubre en el boletín 708-2026 del grupo parlamentario del PVEM en el Senado. Aquí, las claves en preguntas y respuestas.
¿Qué artículo se quiere cambiar?
El segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese apartado es el que hoy permite la elección consecutiva de los integrantes de los ayuntamientos. Desde la reforma político-electoral de 2014, la Constitución ordena que las constituciones estatales establezcan la reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre que el mandato no supere los tres años.
¿Qué agregaría la iniciativa?
Una prohibición: no podría elegirse para el cargo de alcalde o presidente municipal a quien, durante el periodo que ejerció, no hubiera solventado observaciones derivadas de auditorías. La senadora presenta la medida como una herramienta para combatir la corrupción y la impunidad en el ámbito municipal.
¿Qué es una observación de auditoría?
De forma general, es un señalamiento que hace un órgano fiscalizador cuando detecta posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, como pagos sin comprobar o gastos que no corresponden a lo autorizado. El ente auditado tiene la oportunidad de aclararlas o justificarlas; a eso se le llama solventar. Si quieres entender mejor ese proceso, aquí explicamos cómo leer un informe de auditoría de la ASF.
¿Por qué dice la senadora que hay un problema estructural?
Porque las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos. Según explicó Guerra Mena, cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo. Esa diferencia de tiempos, en su opinión, facilita que nadie rinda cuentas a tiempo. Agregó que en algunos casos no solo no se rinden cuentas, sino que hay vínculos con la delincuencia organizada.
¿Qué ejemplo puso?
El de Jesús «N», expresidente municipal de Cuautla, Morelos. De acuerdo con la senadora, hoy está vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas y, además, no solventó la cuenta pública de 2020 ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF). Ahí, dijo, se encontraron diversas irregularidades, entre ellas un faltante de 10 millones de pesos en la anterior administración. Aun así, afirmó, se inscribió para volver a pretender administrar el municipio. La vinculación a proceso no es una condena: la persona conserva la presunción de inocencia.
¿Qué pasa con los pendientes que deja un alcalde?
La legisladora aseguró que las observaciones se heredan a las administraciones siguientes. Además, de acuerdo con su planteamiento, esa situación impide solventar servicios públicos como el agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública y la recolección de residuos.
¿Qué beneficios plantea?
La senadora por Morelos afirmó que la reforma generaría múltiples ventajas directas para que el país y sus comunidades tengan mejores servicios de calidad y, sobre todo, permitiría identificar a aquellas personas que están observadas por la Auditoría.
¿Puede un ciudadano hacer algo mientras tanto?
Sí. Más allá de la iniciativa, cualquier persona puede consultar los informes que publican los órganos de fiscalización y, si tiene información sobre un posible mal uso de recursos, acudir a las vías formales de denuncia. En el caso federal, explicamos cómo presentar una denuncia ciudadana ante la ASF. En el ámbito local, cada estado cuenta con su propio órgano de fiscalización superior.
¿Ya está aprobada?
No. Es una iniciativa recién presentada. Por tratarse de una reforma constitucional, primero debe dictaminarse en comisiones del Senado; después requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Si llegara a aprobarse, además, los congresos locales tendrían que armonizar sus propias leyes.
¿Por qué importa?
Porque toca un punto sensible de la vida municipal: la relación entre el derecho a buscar un nuevo periodo y la obligación de aclarar el manejo del dinero público. La discusión en comisiones definirá si la propuesta avanza tal como fue planteada o con cambios.
