Por Bruno Cortés
Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.— Luego de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, exigió una auditoría integral al organismo. En conferencia de prensa, el legislador anunció también que su bancada presentará una moción suspensiva durante la discusión del próximo presupuesto, con el fin de reclamar la publicación de la reforma salarial.
Moreira afirmó que la dimisión no resuelve los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones. Desde su perspectiva, las investigaciones deben esclarecer las responsabilidades de quienes intervinieron en las licitaciones y determinar si los funcionarios encargados de supervisarlas incurrieron en omisiones.
Taddei formalizó su salida ante la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés y contrataciones con proveedores del instituto. De acuerdo con lo publicado por El País, la Auditoría Superior de la Federación abrió investigaciones relacionadas con el caso; la existencia de esas pesquisas, sin embargo, no equivale a una resolución de responsabilidad.
“Una investigación completa de lo que sucedió”, reclamó el diputado. Su propuesta es que la revisión abarque los procedimientos y sistemas del INE, incluido el Registro Federal de Electores, y que se extienda a los 32 organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE.
Moreira pidió aclarar también si hubo influencia indebida en la integración de los organismos electorales locales o en la selección de sus proveedores. Sus afirmaciones sobre una posible vulneración de los procesos electorales constituyen señalamientos políticos, ya que durante la conferencia no presentó pruebas que acrediten alteraciones en boletas, credenciales o resultados.
El coordinador priista sostuvo que las dudas sobre las contrataciones obligan a tomar medidas para recuperar la confianza rumbo a las elecciones de 2027. Así, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer la gravedad de los cuestionamientos y planteó que el relevo en la presidencia del INE se acompañe de una revisión institucional.
Asimismo, pidió que la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del instituto se emita pronto. Propuso que los tres partidos de oposición seleccionen a los integrantes del comité de evaluación; esto es un planteamiento político del legislador, no un procedimiento aprobado o anunciado por la Cámara de Diputados.
En otro tema, Moreira informó que presentó una nueva solicitud a la Mesa Directiva del Senado para que emita la declaratoria correspondiente y concluya el trámite de la reforma salarial. Según explicó, la modificación ya recibió el respaldo de legislaturas estatales, pero el proceso necesario para su publicación sigue pendiente.
El diputado expuso que hay médicos del IMSS con un salario tabular de 13 mil pesos mensuales y policías municipales con ingresos promedio de entre ocho mil y nueve mil pesos. Afirmó que, con las reglas aprobadas, las remuneraciones de los trabajadores beneficiarios deberían llegar a aproximadamente 20 mil pesos. Dichas cantidades corresponden a lo señalado por Moreira y no representan un aumento vigente confirmado.
“Pondremos una moción suspensiva”, dijo al explicar la acción que promoverá su grupo parlamentario en el debate presupuestal. Su objetivo es pedir a los diputados que no voten el presupuesto mientras no se publique la reforma. El anuncio es una estrategia parlamentaria del PRI y no implica que la discusión se suspenda de forma automática.
El legislador criticó además a dirigentes sindicales que respaldaron públicamente la modificación y que, según su valoración, ahora guardan silencio sobre el trámite pendiente. Les pidió sumarse a la exigencia para que los beneficios salariales lleguen a médicos, personal de enfermería, policías y demás trabajadores incluidos en la reforma.
La conferencia concluyó con dos exigencias centrales del coordinador priista: esclarecer las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales y concluir el procedimiento de una reforma que, sostuvo, debe traducirse en mejores ingresos. En ambos asuntos, reclamó resultados institucionales verificables para la ciudadanía.
