Por Alberto Medina
La integridad de las instituciones de procuración de justicia en Sinaloa enfrenta severos cuestionamientos luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) señalara en abril de 2026 una colusión directa entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones norteamericanas exponen la inacción del aparato judicial mexicano ante los secuestros sistemáticos y robos de urnas registrados durante los comicios de 2021.
Previo a la jornada electoral de aquel año, operadores políticos y candidatos de la oposición sufrieron privación ilegal de la libertad a manos de grupos armados. Casos documentados como el de la diputada local Paola Gárate y el secretario de organización del PRI, José Alberto Salas Beltrán, integraron un bloque de más de 50 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales se mantienen archivadas sin derivar en una sola detención.
El sistema electoral y de justicia a nivel local desestimó el peso legal de estas irregularidades para salvaguardar el resultado de las urnas. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES) validó la elección bajo el argumento de que las pruebas aportadas por las víctimas no eran concluyentes, a pesar de la suspensión confirmada de 23 casillas, principalmente en el municipio de Ahome, donde sujetos con armamento de alto calibre tomaron el control de los centros de votación.
A las acusaciones de coerción armada se suma la opacidad financiera documentada por el Instituto Nacional Electoral (INE). El organismo rector detectó anomalías por más de 82 millones de pesos en la campaña del entonces candidato por Morena; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que las omisiones en el reporte de gastos y la ausencia de contratos no justificaban la anulación del triunfo.
La investigación del Departamento de Justicia estadounidense apunta a un acuerdo transaccional de alta esfera. Según el expediente liberado en 2026, la facción de «Los Chapitos» garantizó la movilización a favor del candidato oficialista y la supresión del voto opositor mediante la intimidación, a cambio de asegurar nombramientos clave en áreas estratégicas del gobierno estatal de Rocha Moya, consolidando un esquema de protección mutua.
Frente a estas imputaciones formales radicadas en el extranjero, la administración federal ha mantenido una postura defensiva que prioriza la versión oficial dictada hace cinco años. La presidenta Claudia Sheinbaum argumenta la ausencia de condenas en firme dentro de las instancias nacionales y respalda las resoluciones emitidas por los tribunales electorales en 2021, restando valor jurídico al informe de 53 páginas entregado por la oposición a instancias internacionales como la OEA.
El estancamiento de las más de 40 carpetas de investigación en la FGR subraya una fractura operativa en los mecanismos de rendición de cuentas del Estado mexicano. Las víctimas directas de los operativos de coerción electoral denuncian que la justicia ha optado por la omisión frente a la evidencia, delegando el esclarecimiento de los hechos a la jurisdicción de las agencias de inteligencia y tribunales de los Estados Unidos.
