Por Juan Pablo Ojeda
El pleno del Senado de la República aprobó, por mayoría calificada de 85 votos a favor y 42 en contra, el proyecto de decreto que adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma constitucional establece de manera expresa la intervención o injerencia extranjera como una causal directa para declarar la nulidad de un proceso electoral federal o local.
La modificación dota al marco jurídico de un mecanismo de control ante variables que no estaban contempladas en la legislación vigente. Previo a este dictamen, el artículo 41 constitucional solo tipificaba tres causales numéricas y operativas específicas para la anulación de comicios: el excedente en el gasto de campaña por más del 5%, la compra o adquisición indebida de cobertura informativa en radio y televisión, y el empleo de recursos públicos o de procedencia ilícita.
La urgencia técnica de la reforma radica en la evolución de los métodos de coacción política globalizado. Mientras que las causales anteriores fueron diseñadas para contener conductas e irregularidades financieras internas, el nuevo texto constitucional busca clasificar y sancionar la manipulación digital, el financiamiento opaco transnacional, los ciberataques dirigidos a sistemas electorales y las campañas coordinadas de desinformación operadas desde el exterior.
Durante la sesión ordinaria, los grupos parlamentarios de oposición, integrados por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, presentaron una serie de reservas en lo particular con el objetivo de modificar la redacción técnica del dictamen. Ninguna de las propuestas de modificación fue aceptada por la Asamblea legislativa, por lo que el documento fue aprobado en sus términos originales por el bloque mayoritario.
Tras la declaración de validez en ambas votaciones, la Mesa Directiva del Senado ordenó el envío inmediato del proyecto de decreto a los congresos de las 32 entidades federativas. Al tratarse de una reforma a la Carta Magna, el texto requiere el aval de la mitad más uno de las legislaturas locales, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del ordenamiento constitucional mexicano.
El procedimiento legislativo establece que la nueva causal de nulidad no operará de forma automática ni bajo criterios de discrecionalidad política. El tribunal electoral correspondiente requerirá la acreditación objetiva de los actos de injerencia, la comprobación del dolo y la gravedad de las prácticas, así como la demostración cuantitativa de que dicha intervención fue determinante para el resultado de la votación.
La numeralia final de la votación refleja la correlación de fuerzas actual en la cámara alta, donde la mayoría calificada se alcanzó con el margen estricto exigido por la ley para modificaciones constitucionales. El cómputo de los votos de los congresos locales iniciará de manera formal una vez que las minutas sean recibidas en las respectivas oficialías de partes de los estados durante los próximos días hábiles.
