Ciudad de México.- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de manipular la información relacionada con el llamado “corralazo” para presentar como persecución política un procedimiento legal que, aseguró, no implica imputaciones penales ni una nueva investigación en su contra.
La controversia surgió luego de que Campos cuestionara públicamente un citatorio emitido por autoridades capitalinas, al considerar que se trataba de un acto de hostigamiento político. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sostuvo que la diligencia forma parte de una audiencia derivada de una impugnación promovida por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, contra la decisión de cerrar una carpeta de investigación.
De acuerdo con la explicación oficial de la fiscal Bertha Alcalde, el procedimiento no constituye una acusación penal contra la mandataria estatal ni implica la reapertura de investigaciones. La funcionaria precisó que la carpeta en cuestión ya fue concluida mediante una determinación de no ejercicio de la acción penal, al no encontrarse elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito.
La FGJCDMX indicó que el origen del expediente se remonta a una denuncia presentada por Javier Corral tras los hechos ocurridos en agosto de 2024 en un restaurante de la capital del país. En aquel episodio, conocido mediáticamente como el “corralazo”, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra el exmandatario panista, acción que fue frenada por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
Según la versión institucional, la audiencia actualmente programada responde exclusivamente al recurso legal interpuesto por Corral para cuestionar el cierre de la investigación. En este contexto, la comparecencia de personas relacionadas con los hechos forma parte de un procedimiento procesal ordinario y no representa una acusación formal ni una determinación de responsabilidad.
Alcalde Luján subrayó que la narrativa difundida por la gobernadora de Chihuahua ha generado una interpretación errónea sobre el alcance del proceso. La fiscal señaló que se ha intentado presentar un caso ya concluido como una supuesta ofensiva política, cuando en realidad se trata de una etapa derivada de mecanismos legales contemplados por el sistema de justicia.
El diferendo también reaviva las tensiones políticas entre actores involucrados en el episodio de 2024, considerado uno de los momentos de mayor confrontación entre autoridades de Chihuahua y funcionarios federales y capitalinos. La intervención de servidores públicos de la Ciudad de México para impedir la captura de Corral provocó entonces un amplio debate sobre competencias institucionales y el uso de órdenes judiciales entre entidades federativas.
Hasta el momento, la Fiscalía capitalina mantiene firme su postura de que no existe imputación alguna contra Maru Campos y que el caso permanece cerrado en términos de investigación penal. La dependencia reiteró que cualquier actuación posterior estará vinculada exclusivamente a la resolución de recursos legales promovidos por las partes involucradas, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
