Por Bruno Cortés
La diputada federal Mónica Sandoval Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, denunció que el Estado mexicano mantiene un déficit financiero estructural en la atención de la población LGBTTTIQ+. Durante un encuentro con los medios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora expuso que el diseño del presupuesto federal omite de forma sistemática partidas etiquetadas para este sector, comprometiendo su acceso a servicios básicos.
La representante basó su análisis en la composición del gasto público asignado para el ejercicio fiscal actual y las proyecciones correspondientes hacia el año 2026. Según los datos presentados, la falta de asignaciones específicas anula la efectividad de los marcos legales de protección vigentes, reduciendo las garantías individuales a un plano estrictamente teórico.
El reclamo técnico se centró en la ausencia de fondeo para el Programa Nacional de Salud para la Diversidad Sexual, una política pública diseñada para descentralizar la atención médica especializada. Sandoval Hernández señaló que la falta de recursos afecta de manera directa la compra de insumos para la prevención y el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
La legisladora cuestionó la metodología del Plan Nacional de Desarrollo, donde la diversidad sexual fue integrada únicamente como una variable de medición dentro de un eje transversal. Esta estructura administrativa, argumentó, impide el rastreo auditable de los recursos y diluye la responsabilidad de las dependencias ejecutoras del gasto.
De cara a la discusión del Paquete Económico para el año 2026, la diputada advirtió sobre el impacto que tendrá la llamada simplificación administrativa en la operación de los organismos públicos. Afirmó que la eliminación de programas especiales representa un retroceso en los indicadores de inclusión y un manejo discrecional de las bolsas presupuestales.
Para contrarrestar esta tendencia, se planteó la necesidad de diseñar una reingeniería institucional mediante la creación del Instituto de la Diversidad, un organismo que contaría con patrimonio propio y autonomía de gestión. Este proyecto busca centralizar las políticas públicas del sector y garantizar un presupuesto base que no dependa de las negociaciones políticas anuales.
El bloque de activistas y representantes de organizaciones civiles que respaldaron la ponencia coincidió en que la falta de presupuesto etiquetado anula cualquier intento de planeación democrática. El foro concluyó con el compromiso de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para revisar los anexos técnicos antes de la dictaminación final del gasto federal.
