La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba condenó a la ciudadana Ana Ibis Trista Padilla a 14 años de prisión por los delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”.
Trista Padilla, de 36 años y originaria de Las Tunas, fue detenida tras notificársele la sentencia y trasladada a una prisión en esa provincia. En un proceso previo sobre los mismos hechos había sido absuelta por falta de pruebas.
El mismo tribunal sancionó a Jarol Varona Agüero a 13 años de cárcel, mientras que Félix Daniel Pérez Ruiz recibió una condena de cinco años y Cristhian de Jesús Peña Aguilera cuatro años, ambos por compartir en redes sociales mensajes críticos contra el gobierno.
Según la sentencia consultada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el Tribunal Supremo anuló en mayo de 2025 un fallo anterior que absolvía a Trista Padilla y Varona Agüero, lo que condujo a un nuevo juicio y a las actuales condenas.
Los documentos judiciales señalan que Pérez Ruiz convocó en Facebook a una marcha en Las Tunas en 2023, que nunca se realizó debido a la intervención policial. Peña Aguilera compartió la publicación en su perfil. La Fiscalía sostiene que Trista Padilla y Varona Agüero establecieron contacto con un grupo opositor en el exterior para planear actos violentos, acusaciones que los imputados negaron.
La primera sentencia, que los absolvió en 2024, reconocía que no existían pruebas materiales que vincularan a los acusados con actos violentos ni con la posesión de explosivos. La nueva resolución judicial se basó principalmente en testimonios de oficiales del Ministerio del Interior y en informes de inteligencia.
El OCDH calificó el proceso como un ejemplo de criminalización de la libertad de expresión y señaló que conceptos como “propaganda enemiga” o “actos contra la seguridad del Estado” carecen de precisión jurídica.
Las sentencias ya fueron ejecutadas y los condenados permanecen en prisión. No se informó si habrá nuevos recursos legales. El caso sigue bajo observación de organizaciones internacionales de derechos humanos.
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