Por Bruno Cortés
El debate sobre los derechos civiles en México experimenta un nuevo capítulo con la propuesta de reforma a la Ley General de Población, orientada a federalizar el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. La propuesta de la legisladora Laura Hernández García atiende a una tendencia internacional de simplificación administrativa que busca transitar de los modelos patologizantes hacia el libre desarrollo de la personalidad.
Históricamente, el acceso a la rectificación de los datos de identidad en el territorio mexicano ha dependido de códigos civiles locales, generando un mapa de derechos desigual donde la geografía determina la exclusión. La incorporación de este derecho en una ley general establece una base de observancia nacional, cerrando la brecha entre los estados de la república que carecen de legislación en la materia.
La relevancia de la reforma se fundamenta en las dinámicas sociodemográficas contemporáneas que reflejan un cambio profundo en la autopercepción de las Expresiones de Género No Convencionales. Al incorporar nociones de fluidez y géneros no binarios, el marco legal propuesto abandona el binarismo estricto para adaptarse a las realidades documentadas por las agencias estadísticas oficiales del Estado.
El enfoque adoptado para la niñez y la adolescencia retoma los criterios de capacidad progresiva desarrollados por los tribunales internacionales de derechos humanos. Este planteamiento asume que el desarrollo evolutivo de los menores no debe ser un impedimento para el goce de sus derechos fundamentales, sino un eje rector para el diseño de procedimientos adecuados a su edad.
La propuesta legislativa busca revertir los efectos de la violencia estructural que limita el acceso a derechos básicos como la salud, la vivienda y el libre tránsito debido a la falta de concordancia documental. La seguridad jurídica se presenta en este proyecto no solo como un concepto abstracto, sino como la base material indispensable para la inclusión socioeconómica.
El análisis de la ENDISEG 2021 del INEGI aporta el soporte sociológico indispensable para la discusión legislativa, evidenciando que las expresiones no binarias superan las categorías tradicionales de la transición médica. Este hallazgo sociodemográfico cuestiona la vigencia de los marcos jurídicos que supeditan la identidad formal a tratamientos químicos o cirugías de reasignación.
De alcanzar la aprobación en el Congreso de la Unión, México se sumaría a las naciones que han adecuado sus sistemas de registro civil bajo parámetros de derechos humanos de tercera generación. El reto parlamentario se concentrará en la Comisión de Gobernación, donde deberán conciliarse las visiones técnicas del registro poblacional con las demandas históricas de las poblaciones trans.