Por Bruno Cortés
Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y hoy coordinador de Morena en el Senado, otorgó fe notarial a varias empresas de seguridad vinculadas a Hernán Bermúdez Requena, detenido en septiembre de 2025 por presuntos delitos de extorsión, secuestro y asociación delictuosa. Los documentos, emitidos desde la Notaría 27 en Villahermosa, reactivaron cuestionamientos sobre la relación institucional que López mantuvo con Bermúdez desde 2019.
El caso tomó relevancia porque las compañías aparecieron registradas desde los años noventa y dos mil, pero muchas de sus ampliaciones de poderes, movimientos societarios y designaciones de apoderados fueron protocolizadas por López. Entre ellas destacan SEVIPRO S.A. de C.V., Impacto Seguridad Profesional, Agentes de Protección, Multicolores Integrados y Servicios Logísticos en Seguridad Profesional, algunas con operaciones en Tabasco y Nuevo León.
La relación se hizo más visible cuando López designó a Bermúdez como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en 2019. Documentos contenidos en filtraciones de inteligencia, difundidos en 2022, lo señalaban desde 1999 como operador en la distribución de drogas en bares de Villahermosa y con presuntos vínculos con La Barredora, grupo relacionado con extorsiones, tráfico de hidrocarburos y enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
A pesar de esos antecedentes, Bermúdez asumió la seguridad estatal y mantuvo influencia en licitaciones y contratos. Registros del ISSSTE reportan adjudicaciones por más de 6 millones de pesos a SEVIPRO e Impacto entre 2003 y 2009. En 2020, estas firmas volvieron a figurar como proveedoras del gobierno estatal, incluso con licencias vencidas o irregularidades señaladas por la Secretaría de la Función Pública.
Registros mercantiles consultados confirman que las cinco empresas siguen activas en 2025 y no cuentan con sanciones vigentes del SAT. No obstante, informes castrenses detectaron inconsistencias en permisos y documentación, mientras operaban en una entidad con incremento de bloqueos carreteros, altercados en penales y ataques contra comercios adjudicados a células de La Barredora.
La carpeta judicial que enfrenta Bermúdez incluye detenciones previas en julio de 2025 y señalamientos de pactos políticos desde 2018. La Fiscalía General de la República congeló sus cuentas en noviembre y negó amparos solicitados por su familia. La audiencia inicial, pospuesta para diciembre, podría detallar movimientos financieros y societarios relacionados con estas empresas.
Además del sector de seguridad privada, la red se extendió a constructoras con historial de contratos públicos. Consorcio Crismar, protocolizada por López en 2001 y señalada en 2017 por adeudos fiscales, fue controlada por operadores de La Barredora. Constructora Elvic, con origen en 1985, también amplió facultades en 2025 desde la notaría suplente vinculada al exgobernador.
En el ámbito político, senadoras y dirigentes de oposición solicitaron investigaciones administrativas. Entre ellas, Lilly Téllez presentó una denuncia por presunto cohecho y defraudación fiscal, mientras liderazgos opositores cuestionaron la supervisión ejercida por López durante su administración estatal. El legislador sostiene que desconocía nexos criminales de Bermúdez y que no tenía facultades para detectar alertas de inteligencia.
El caso mantiene atención nacional por el impacto que la violencia ha tenido en Tabasco, donde disputas por economías ilícitas afectan actividades comerciales y comunitarias. Para ciudadanos y negocios se vuelve relevante consultar registros públicos de comercio y alertas de la FGR para identificar empresas relacionadas con investigaciones vigentes.
Las autoridades estatales han restringido declaraciones sobre el caso mientras continúan las indagatorias federales. La audiencia pendiente definirá los próximos pasos procesales en una investigación que podría involucrar a más actores del sector público y privado.
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