Ciudad de México.- Familiares, amigos y abogados del doctor Cuéllar Ferrara bloquearon este martes los accesos principales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para exigir su liberación y demandar que el proceso penal en su contra se desarrolle con pleno respeto a las garantías procesales. La protesta afectó el ingreso de usuarios, trabajadores y litigantes a la sede ministerial ubicada en la colonia Doctores.
La manifestación se concentró en los accesos del edificio conocido como el «búnker» de la FGJCDMX, sobre la calle Digna Ochoa y Plácido y su cruce con Doctor Río de la Loza, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los inconformes impidieron parcialmente el acceso como medida de presión para visibilizar sus demandas.
Los manifestantes sostuvieron que el médico enfrenta un procedimiento que, a su juicio, presenta irregularidades, por lo que exigieron que las autoridades garanticen un juicio imparcial, respeto al debido proceso y una investigación apegada a derecho. Asimismo, solicitaron la liberación del doctor Cuéllar Ferrara mientras se resuelve su situación jurídica.
El bloqueo provocó afectaciones en la operación cotidiana de la Fiscalía, al dificultar el acceso de personas que acudían a realizar denuncias, diligencias ministeriales y trámites legales. También se registraron complicaciones en la movilidad vehicular en los alrededores de la sede ministerial.
Este tipo de manifestaciones se ha vuelto recurrente frente a las instalaciones de la Fiscalía capitalina, donde familiares de personas imputadas, víctimas y colectivos suelen realizar protestas para exigir avances en investigaciones, denunciar presuntas irregularidades o solicitar la liberación de detenidos. En diversos casos, los bloqueos se prolongan durante varias horas e impactan la circulación en la zona centro de la capital.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado públicamente sobre una modificación en la situación jurídica del doctor Cuéllar Ferrara ni ha emitido un posicionamiento específico respecto a las demandas de los manifestantes. Las autoridades ministeriales mantienen el seguimiento del caso conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
De acuerdo con el marco jurídico vigente, corresponde al Ministerio Público conducir las investigaciones y al Poder Judicial determinar la situación legal de las personas imputadas, garantizando tanto los derechos de las víctimas como el debido proceso de quienes enfrentan una causa penal. La evolución del caso dependerá de las resoluciones que emitan las autoridades competentes.
