La impunidad no se reforma, se combate. Esa fue la premisa con la que Ariadna Camacho Contreras, abogada y aspirante a magistrada del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, lanzó un mensaje que resuena con fuerza entre víctimas, colectivos sociales y juristas: el sistema de justicia ya no puede seguir protegiendo a quienes abusan de su toga para favorecer intereses criminales. Su voz, firme y decidida, marca el inicio de un debate que apunta directamente al corazón del poder judicial en México.
En un video compartido a través de sus redes sociales, Camacho no se anduvo con rodeos: “No se puede permitir que jueces absuelvan a criminales confesos”, sentenció mientras citaba el doloroso caso de Rubí Marisol Frayre, cuya muerte y la posterior ejecución pública de su madre, la activista Marisela Escobedo, simbolizan uno de los momentos más oscuros en la historia reciente del país. La jueza Catalina Ochoa, recordó Camacho, liberó al asesino confeso, dejando a la sociedad con una herida que no ha cerrado.
Lejos de ser una anécdota aislada, Camacho respalda su denuncia con cifras alarmantes: más de 100 líderes criminales, con vínculos comprobados al narcotráfico, fueron liberados en lo que va del año, según informes oficiales de la Secretaría de Seguridad. Esta estadística no sólo revela un patrón, sino que plantea una urgencia institucional: el combate a la corrupción y a la impunidad dentro del propio sistema judicial.
Para Camacho, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial representa una oportunidad histórica. No se trata únicamente de castigar errores o sancionar deslices administrativos, sino de establecer un precedente ético, firme y visible. En sus propias palabras: “El artículo 97 constitucional nos da la herramienta, pero hace falta voluntad y compromiso de quienes lo apliquen”.
El mensaje es claro: quien aspire a integrar este órgano debe hacerlo con plena conciencia de que tendrá en sus manos el delicado equilibrio entre la legalidad y la justicia moral. Camacho hace un llamado a que este tribunal no sea una oficina decorativa más, sino una verdadera trinchera contra la descomposición institucional.
Consciente de que la confianza en las instituciones no se decreta, sino que se construye a pulso, Camacho destaca que el combate a la impunidad debe ir acompañado de una narrativa clara, transparente y empática con las víctimas. “No se puede hablar de Estado de Derecho si se ignora el dolor de quienes lo han perdido todo a manos de decisiones judiciales incomprensibles”, afirma.
La apuesta de Camacho no es solo jurídica; es profundamente política y ética. En una época donde el desencanto social crece al ritmo de las noticias sobre liberaciones inexplicables, su discurso busca reposicionar la idea de que la justicia puede ser un valor tangible, verificable y humano.
Su candidatura, respaldada por años de experiencia en defensa legal y promoción de derechos humanos, representa una de las voces más decididas en la transformación del sistema judicial. Y si algo queda claro tras su mensaje, es que no está dispuesta a callar ante la traición institucional. Como ella misma concluyó: “La justicia no puede seguir siendo el privilegio de unos cuantos. Debe ser la promesa cumplida de un país que aún no se rinde”.
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