Por Carlos Lara
El Gobierno Federal cerró filas esta semana en torno a un mensaje central: la violencia va a la baja. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, aseguró que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 42% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, y que este último mes fue el enero con menor registro desde 2016. La cifra, repetida por el gabinete de seguridad, se convirtió en el eje del discurso oficial de éxito.
El problema no es solo si el número es correcto, sino cómo se construye y qué omite. La comparación parte de septiembre de 2024 —uno de los meses más altos del periodo previo— y se contrasta con enero de 2026, un mes tradicionalmente más bajo.
El uso de promedios diarios suaviza picos regionales y permite presentar una “tendencia nacional” que, en los hechos, convive con crisis focalizadas: siete entidades concentran más de la mitad de los homicidios del país. La violencia no desaparece; se redistribuye.
Además, el propio SESNSP informó que los datos completos y desagregados de enero aún serían publicados “en los próximos días”, lo que significa que el anuncio se hizo antes de que la base pudiera ser auditada públicamente.
A ello se suma la coexistencia de dos fuentes oficiales: los reportes mensuales consolidados y el conteo diario preliminar, este último sujeto a reclasificación jurídica. La narrativa de certeza se apoya, en parte, en cifras que por diseño cambian.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reforzó el mensaje con resultados operativos: más de 43 mil detenidos por delitos de alto impacto, decomisos “históricos” de droga, miles de armas aseguradas y la destrucción de más de dos mil laboratorios clandestinos.
Sin embargo, el indicador clave está ausente: ¿cuántas de esas detenciones derivaron en vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias? Sin esa información, los números miden actividad del Estado, no necesariamente debilitamiento estructural del crimen organizado.
La omisión es relevante en un país donde la impunidad ha sido históricamente la norma. De acuerdo con encuestas oficiales, más del 90% de los delitos no se denuncian o no generan una carpeta de investigación.
Bajo ese contexto, afirmar reducciones en delitos como la extorsión con base en carpetas abiertas o llamadas atendidas resulta metodológicamente frágil.
El propio gobierno presume una disminución de este delito, pero al mismo tiempo reporta más de 140 mil llamadas al 089 y miles de investigaciones iniciadas.
La contradicción es evidente: o el delito baja, o aflora gracias a mayor denuncia; ambas cosas no pueden sostenerse como conclusión sin una serie estadística integral que incorpore la cifra negra.
El discurso oficial también se tensa al abordar el tema de las personas desaparecidas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un informe “integral” que reconocerá fallas graves en el registro nacional: expedientes sin nombre completo, sin fecha, sin lugar de desaparición y sin carpeta de investigación.
El diagnóstico es pertinente, pero el enfoque abre una alerta: depurar registros no puede convertirse en reducir el universo estadístico trasladando la responsabilidad de la omisión institucional a las víctimas. Si miles de personas no tienen carpeta abierta, el problema no es el registro, sino las fiscalías.
Casos concretos cuestionan la idea de control territorial. En Sinaloa, el secuestro de 10 mineros en Concordia —con al menos cinco asesinados— fue explicado por el gobierno como resultado de una “confusión” entre facciones del Cártel de Sinaloa.
La versión descarga la responsabilidad en la dinámica criminal, pero evita preguntas sobre prevención, presencia estatal y tiempos de reacción.
La afirmación de que no existían denuncias previas de extorsión ilustra otro punto ciego: la ausencia de denuncia no equivale a ausencia de riesgo, en un país con altísima desconfianza institucional.
Finalmente, el conflicto entre un vicealmirante preso y la Secretaría de Marina por presunto desacato judicial revela otra grieta institucional. El acusado señala incumplimiento de órdenes judiciales para entregar información; la Marina lo niega y el Ejecutivo remite el asunto a la Fiscalía.
El intercambio de deslindes contrasta con la gravedad del señalamiento: si hay órdenes judiciales incumplidas, el debate no es político, es legal.
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