Por Bruno Cortés
En el Palacio Legislativo de San Lázaro se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Sobre el Contrato de Seguro, con el objetivo operativo de fijar un plazo perentorio improrrogable de 30 días naturales para que las instituciones aseguradoras liquiden indemnizaciones o rescindan resoluciones tras el acaecimiento de un siniestro automovilístico.
La propuesta legislativa precisa que, en el panorama nacional actual, las empresas del sector asegurador demoran entre tres meses y hasta más de un año en dictaminar el pago de coberturas por daños materiales o pérdida total, situación que genera un pasivo financiero acumulado para los usuarios del seguro automotriz en las 32 entidades federativas.
De acuerdo con las estadísticas citadas en la Exposición de Motivos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró más de 18 mil quejas formales en el último ejercicio fiscal vinculadas a la negativa o dilación injustificada en el pago de indemnizaciones por siniestros de tráfico.
El proyecto de reforma contempla que el cómputo de los 30 días comience de forma automática a partir de la entrega completa de la documentación requerida al usuario. En caso de incumplimiento por parte de la aseguradora dentro del plazo legal estipulado, se aplicará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés interbancaria incrementada en un porcentaje penalizable diario.
Actualmente, el parque vehicular asegurado en México representa únicamente el 33 por ciento del total de unidades en circulación, lo que equivale a poco más de 18 millones de automóviles. La lentitud en los procesos de liquidación monetaria figura como la segunda causa principal por la cual los automovilistas desisten de contratar coberturas de protección patrimonial.
Las modificaciones normativas propuestas impactarán de forma directa el procedimiento de ajuste técnico de las más de 30 aseguradoras autorizadas que operan el ramo de automóviles en el país, obligándolas a modernizar sus peritajes y a reducir los tiempos de respuesta operativa en un 60 por ciento respecto a sus promedios actuales.
El proyecto fue turnado formalmente a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su correspondiente dictaminación. De ser aprobada en el pleno legislativo, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, concediendo un periodo de adecuación técnica de 90 días al sector asegurador.
