Por Bruno Cortés
El Palacio Legislativo de San Lázaro albergó los trabajos del Foro Nacional para la Modernización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La convocatoria legislativa analiza la reestructuración del marco jurídico ambiental promulgada originalmente el 28 de enero de 1988, instrumento que acumula 38 años de vigencia como eje regulador de la política ecológica nacional.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrante del grupo parlamentario del PVEM, encabezó las mesas de trabajo para revisar la legislación. La revisión se enfoca en actualizar los mecanismos normativos ante cuatro vectores críticos de deterioro: variación climática global, pérdida de biodiversidad, contaminación de cuerpos hídricos y degradación del suelo.
De acuerdo con las proyecciones presentadas durante la sesión, la actualización legislativa contempla integrar esquemas de economía circular e indicadores cuantificables para la restauración de ecosistemas. La propuesta legislativa busca sustituir la estructura punitiva tradicional por esquemas de métricas objetivas orientadas a la resiliencia y evaluación del capital natural.
En la mesa de análisis se planteó la incorporación formal de esquemas técnicos de adaptación operativa ante fenómenos meteorológicos severos. La meta del diagnóstico es ajustar las capacidades presupuestales y técnicas de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— para coordinar inspecciones y mediciones de impacto.
Los datos expuestos señalan que el 60% de los terrenos con cobertura vegetal en el país pertenecen a esquemas de propiedad social. Por ello, las modificaciones normativas buscan parametrizar la participación económica y operativa de las comunidades rurales y pueblos forestales en la conservación formal del territorio.
El proyecto de dictamen incluirá la redefinición del principio de responsabilidad ambiental, elevando las sanciones financieras y la obligatoriedad de reparación del daño. Las multas y medidas cautelares serán homologadas para alinearlas con los estándares internacionales de captura de carbono y conservación hídrica.
Las conclusiones vertidas en el foro nacional servirán como insumo técnico para la formulación de la iniciativa de ley que se presentará en el pleno del Congreso. El calendario legislativo prevé la dictaminación formal de las reformas durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
