El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, presentó este miércoles un desglose técnico sobre la iniciativa de ley que busca ampliar los derechos de las audiencias en México. Durante una rueda de prensa en el recinto legislativo, el parlamentario precisó el marco legal que regirá las responsabilidades de los concesionarios de televisión y radio, asegurando que la normativa deriva de la reforma aprobada en la materia durante el periodo legislativo del año 2025.
El diputado Ávila Anaya puntualizó que la legislación contempla únicamente tres supuestos específicos por los cuales una empresa de comunicación podría ser acreedora a sanciones económicas. Las causales quedan delimitadas a: no contar con un código de ética emitido por el propio medio, omitir la designación de un defensor de las audiencias y carecer de un mecanismo interno para la atención de quejas del público. El legislador enfatizó que el texto legal no faculta al Ejecutivo Federal ni a órganos reguladores para interponer multas derivadas del contenido editorial o de las opiniones emitidas por periodistas.
En el aspecto operativo, la propuesta establece que la figura del defensor de las audiencias será nombrada de manera autónoma por cada empresa de comunicación, eliminando la intervención del gobierno en la designación de dichos representantes. Asimismo, se obliga a los concesionarios a marcar una diferenciación explícita entre el contenido informativo y la publicidad pagada, citando como antecedente histórico las campañas institucionales contratadas durante el proceso electoral del año 2012.
Durante la exposición de datos, el legislador confrontó las posturas del bloque opositor, integrado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), acusándolos de construir un falso debate mediático al calificar la propuesta como una «ley censura». Ávila Anaya recordó que el articulado recupera los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su resolución del año 2022, la cual invalidó las reformas aprobadas por el Congreso en 2017 que eliminaron la obligatoriedad de los defensores de audiencias.
En el ámbito internacional, el diputado presentó un análisis comparativo sobre marcos regulatorios en materia de derecho a la información, señalando que naciones como el Reino Unido, Francia, Italia y España cuentan con lineamientos normativos similares para garantizar la veracidad de las noticias y la protección de los consumidores de contenidos audiovisuales. Ávila subrayó que el estándar propuesto en México se alinea con las mejores prácticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Por su parte, la diputada Magdalena Rosales Cruz, integrante de la misma bancada parlamentaria por el estado de Guanajuato, aportó datos sobre el contexto operativo de la prensa regional. Expuso que, según registros de la Secretaría de Gobernación, un porcentaje significativo de las agresiones contra comunicadores en zonas de alta criminalidad provienen de autoridades locales y del crimen organizado, desmintiendo que la iniciativa busquet coartar la libertad de expresión de las y los periodistas de a pie.
La conferencia concluyó con el compromiso de la representación parlamentaria de Morena de respaldar la apertura de un foro nacional de trabajo con trabajadores de la información. La propuesta busca discutir las reformas necesarias a la Ley Federal del Trabajo para otorgar personalidad jurídica, seguridad social y garantías laborales a reporteros y fotógrafos en el territorio nacional, cerrando la sesión de preguntas a las 13:00 horas.
