Por Bruno Cortés
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, impulsa una iniciativa para obligar a los tres órdenes de gobierno a prevenir, atender y sancionar los casos en los que niñas, niños y adolescentes sean afectados por la delincuencia organizada.
La propuesta plantea reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir de manera expresa los casos de reclutamiento, captación, utilización o instrumentalización de menores para participar en delitos o realizar actividades en beneficio de grupos criminales.
La iniciativa también contempla los mecanismos de vinculación que ocurren a través de entornos digitales, con el objetivo de ampliar la protección frente a las distintas formas utilizadas por la delincuencia organizada para captar a menores de edad.
Además, establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en entornos libres de violencia, sin permitir ninguna forma de reclutamiento o utilización para actividades delictivas.
En caso de que los menores sean víctimas de estas prácticas, las autoridades deberán garantizar su protección, recuperación, desvinculación segura y restitución integral de sus derechos, bajo el principio del interés superior de la niñez.
Las acciones de atención podrían incluir servicios médicos y psicológicos especializados, continuidad o reincorporación educativa, fortalecimiento de redes familiares y comunitarias, así como actividades culturales, deportivas y recreativas.
También se contempla brindar capacitación, orientación vocacional y medidas específicas para evitar la revictimización o una nueva vinculación de niñas, niños y adolescentes con estructuras delictivas.
La legisladora propone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno conformen una instancia multidisciplinaria para establecer mecanismos de prevención, detección, atención y canalización de estos casos.
Asimismo, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto federal como locales, deberán contar con estrategias de protección o reubicación temporal y dar seguimiento a los planes de restitución de derechos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis.
