Por Bruno Cortés
La diputada María Teresa Ealy Díaz, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con el objetivo de establecer un mecanismo excepcional que permita disponer de recursos de la subcuenta de retiro para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
La propuesta busca modificar el artículo 79 de dicha ley para establecer que los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores sean inembargables, salvo cuando exista una obligación alimentaria determinada por autoridad judicial competente.
De acuerdo con el planteamiento, esta medida pretende establecer un equilibrio entre la protección del ahorro destinado al retiro y el derecho de niñas, niños y adolescentes, así como de otras personas con derecho a recibir alimentos.
La iniciativa señala que actualmente existen dificultades para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando la persona deudora cuenta con recursos en una cuenta individual para el retiro.
Por ello, plantea que, de manera excepcional, una autoridad judicial pueda ordenar el embargo de recursos de la subcuenta correspondiente, siempre que exista una resolución que determine previamente la obligación alimentaria.
La propuesta establece que la medida deberá aplicarse bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, con el propósito de evitar que el embargo afecte de manera desmedida los recursos destinados a garantizar la subsistencia futura de la persona trabajadora.
Ealy Díaz destacó que las obligaciones alimentarias tienen como finalidad garantizar derechos fundamentales como la alimentación, salud, educación, vivienda y desarrollo integral de quienes dependen económicamente de otra persona.
La legisladora planteó que el acceso efectivo a estos derechos debe contar con mecanismos jurídicos que permitan hacer cumplir las resoluciones judiciales, particularmente cuando existen recursos económicos identificables a nombre de la persona obligada.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y eventual dictaminación, con el propósito de establecer las condiciones bajo las cuales podría aplicarse este embargo excepcional.
