Por Bruno Cortés
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN, informó que impulsa una iniciativa de Ley General en Materia de Feminicidio para homologar la actuación de las autoridades contra los responsables en todo el país y brindar certeza y justicia a las víctimas indirectas.
En conferencia de prensa, la legisladora recordó que presentó la propuesta en julio pasado durante la Comisión Permanente y señaló que uno de sus principales objetivos es fortalecer la prevención de este delito.
Márquez Alcalá explicó que la iniciativa plantea crear un mecanismo integral de prevención, con la interconexión entre diversas instancias y el establecimiento de políticas coordinadas entre los gobiernos federal, estatales y municipales.
La propuesta también contempla establecer el tipo penal de feminicidio dentro de una ley general, con el objetivo de que este delito pueda ser investigado y perseguido bajo criterios homologados en todas las entidades del país.
La diputada indicó que se cuidó la redacción de la iniciativa para evitar ambigüedades o interpretaciones que no estén permitidas en materia penal, además de contribuir al combate a la impunidad y al cumplimiento de estándares internacionales.
Asimismo, planteó la creación de un organismo o comisión integrado por distintas instancias de la Administración Pública Federal, encargado de generar políticas y protocolos homologados que acompañen a las entidades federativas y municipios en las acciones que correspondan.
Márquez Alcalá propuso también establecer un consejo consultivo dentro de dicha comisión, con participación de representantes de la sociedad civil, colectivos de atención a víctimas, academia y organismos internacionales.
Otro de los puntos de la iniciativa es fortalecer la reparación del daño y la atención de las víctimas colaterales o indirectas, particularmente de las hijas e hijos que quedan en situación de orfandad tras el feminicidio de sus madres.
Finalmente, la legisladora señaló que la propuesta no es una ley procesal, sino una ley general circunscrita a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y busca establecer mecanismos coordinados para prevenir, investigar, sancionar y atender el feminicidio.
