Por Ignacio Fuentes Salazar
La crisis del agua en Guadalajara dejó de ser un problema técnico el domingo 11 de octubre. Ese día, miles de personas caminaron de la glorieta de La Minerva a Casa Jalisco para reclamar por el agua turbia y maloliente que desde enero sale de las llaves de muchas colonias de la zona metropolitana, y la jornada terminó con chorros de agua, gases, piedras y decenas de detenidos. Desde ese momento, la discusión ya no es solo cómo potabilizar mejor, sino quién paga, quién decide y con qué legitimidad.
La tesis de este análisis es que la marcha cambió la aritmética del Congreso de Jalisco. El gobernador Pablo Lemus necesita una mayoría calificada para aprobar el contrato del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, y después del domingo ningún grupo parlamentario tiene incentivos para votar a ciegas un compromiso de 20 o 25 años. Lo más probable no es un sí o un no rápido, sino una negociación que obligue a transparentar costos, metas y el papel de la Federación.
Lo confirmado y lo pendiente tras la marcha por la crisis del agua en Guadalajara
Hay datos que ya son oficiales. El gobierno de Jalisco reportó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad, y 31 civiles que recibieron atención médica. La Fiscalía estatal informó la liberación de 12 personas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, y de otras seis durante la mañana, para un total de 18 en libertad, con carpetas abiertas por delitos como ataques a las vías de comunicación, lesiones y agresiones a la autoridad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio.
Otros datos siguen en disputa. Familiares y colectivos difundieron listas de más de 50 nombres de personas que, según ellos, fueron detenidas o no habían sido localizadas, una cifra que la Fiscalía no ha conciliado con la suya. Lemus sostiene que la protesta, que según él reunió a cerca de 10 mil personas, fue pacífica durante más de dos horas hasta que llegó un grupo de choque de unas 400 personas encapuchadas, y ordenó revisar los videos para sancionar cualquier exceso policial. Las organizaciones y varias crónicas de prensa hablan de un uso desproporcionado de la fuerza. Hasta que exista un listado oficial completo y el resultado de esa revisión, ambas versiones deben tratarse como lo que son: versiones.
El lunes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobernador explicar el uso de agua y gases contra los manifestantes y dar a conocer los nombres de todas las personas detenidas. «Una cosa es contener y otra cosa es reprimir», dijo, y aclaró que no buscaba un pleito personal con el gobernador. La Secretaría de Gobernación, añadió, podría intervenir si el gobierno estatal lo solicita. El posicionamiento puso a un gobierno de Movimiento Ciudadano a la defensiva en su terreno más sensible: el de un servicio básico que falla.
El acueducto Chapala-Guadalajara y la cuenta de 48 mil millones
El fondo del conflicto está en el origen del agua. El lago de Chapala aporta alrededor de 65 por ciento del agua potable de la zona metropolitana, y el sistema antiguo que la conduce rebasó hace años su vida útil. A principios de octubre, Lemus anunció que se dejaría de usar el agua de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala durante unos seis meses, la decisión de recortar el suministro para mejorar su calidad, a costa de reducir cerca de 30 por ciento el volumen disponible. Especialistas consultados por la prensa estiman que el desabasto afectará a más de un millón de personas.
La solución de largo plazo que propone el gobierno estatal es el acueducto sustituto: una conducción cerrada de 42.6 kilómetros con una planta de bombeo, que garantizaría 7.5 metros cúbicos por segundo y beneficiaría, según la administración estatal, a 3.15 millones de habitantes. La iniciativa, enviada al Congreso el 8 de octubre, calcula la construcción en 11 mil 922 millones de pesos sin IVA y propone un esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, conocido como CMRO, en el que una empresa privada financia, construye y opera la obra mientras el Estado le paga con su presupuesto.
Ahí está el punto que encendió la desconfianza. La propia iniciativa plantea dos escenarios: un contrato a 20 años con un techo de 39 mil 688 millones de pesos o uno a 25 años con un techo de 48 mil 296 millones. La diferencia frente al costo de construcción corresponde a intereses, recuperación del capital privado y servicios de operación y mantenimiento. El gobierno insiste en que no es deuda, no es concesión ni privatización y no subirá las tarifas del SIAPA, porque los pagos saldrían del presupuesto estatal. Sus críticos responden que comprometer pagos anuales de más de 2 mil millones de pesos durante tres sexenios es, en la práctica, una carga equivalente.
Sheinbaum también entró en esa discusión. Dijo que la Federación no apoyará esquemas de financiamiento que puedan llevar a la operación privada del agua, y que el equipo del gobernador se reunirá con la Comisión Nacional del Agua para revisar alternativas técnicas y de financiamiento. El matiz importa: el gobierno federal ha promovido la inversión privada en infraestructura en otros sectores, pero en el agua traza una línea política explícita.
La votación que necesita Lemus y lo que falta por ver
Para aprobar el contrato se requiere el voto de al menos 26 de los 38 diputados locales. Morena tiene nueve legisladores, según su coordinador, Miguel de la Rosa, quien adelantó que su bancada no se dejará presionar y que la obra puede hacerse sin ceder la operación a una empresa. Morena, Hagamos, Futuro y el PT pidieron una revisión integral del esquema. El PAN, por voz de la diputada Claudia Murguía, integrante de la Comisión de Hacienda, donde se votará en primera instancia, reclamó un acuerdo político, metas medibles y un plan hídrico que vaya más allá del acueducto.
Con esos números, Movimiento Ciudadano no puede sacar el proyecto solo, y la marcha elevó el costo de acompañarlo. ¿Qué escenarios se abren? En el primero, el Congreso aprueba el acueducto con condiciones: plazo más corto, metas de calidad del agua verificables, auditoría y parlamento abierto. En el segundo, la Federación y Jalisco pactan una mezcla de recursos públicos que reduzca la participación privada, como sugirió la Presidenta. En el tercero, la iniciativa se estanca, la licitación que Hacienda estatal prometió para antes de que termine 2026 se retrasa y la ciudad pasa los próximos meses con menos agua y sin obra en marcha.
Lo que conviene vigilar en los próximos días es concreto: el listado oficial de detenidos y su situación jurídica; el resultado de la revisión de videos y de la queja ante la comisión de derechos humanos; el resultado de la reunión con Conagua; los primeros dictámenes de la Comisión de Hacienda del Congreso, y, sobre todo, mediciones públicas y periódicas de la calidad del agua que llega a los hogares.
La crisis del agua en Guadalajara tiene ya un costo político que nadie previó en el papel de la iniciativa. Un acueducto puede resolver la conducción desde Chapala, pero no sustituye la confianza que se perdió en la calle. Si el gobierno estatal quiere su obra, tendrá que demostrar con datos, y no solo con promesas de que no habrá privatización ni aumento de tarifas, que la factura de 20 o 25 años vale lo que cuesta.
