Por Rodrigo Ávila Montaño
Meta informó este miércoles 14 de octubre que analizará en detalle el decreto de menores firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger a niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales. Un vocero de la empresa, propietaria de Facebook e Instagram, dijo a El Economista que mantendrá el diálogo con las autoridades mexicanas y no anticipó cambios específicos en sus aplicaciones.
“Estamos al tanto del decreto anunciado hoy por la presidenta de México y lo analizaremos en detalle. Continuaremos dialogando con las autoridades para contribuir a un entorno digital más seguro para los adolescentes en el país”, respondió el portavoz. La postura llega el mismo día en que el gobierno dio 30 días naturales a las plataformas para documentar las acciones de cumplimiento.
Decreto de menores: qué exige el gobierno
El decreto obliga a identificar y retirar contenidos que promuevan violencia escolar, abuso y explotación sexual, ciberacoso, suicidio, autolesiones y discursos de odio accesibles a menores. También exige verificar la edad de los usuarios, clasificar contenidos, impedir que los sistemas de recomendación expongan a menores a materiales prohibidos y alertar a las autoridades cuando se detecte contenido que atente contra la vida, según la explicación de la consejera jurídica Luisa María Alcalde recogida por El Economista y El Universal.
Sheinbaum afirmó en la mañanera que las plataformas estuvieron de acuerdo y pidieron un mes para adecuar algoritmos y esquemas. Si no hay cumplimiento, el gobierno no descarta impulsar una ley con sanciones. El seguimiento estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El decreto, sustentado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es obligatorio pero no trae por sí mismo un esquema punitivo, precisó Alcalde.
Meta recordó que ya ofrece Cuentas de Adolescentes en Facebook e Instagram, con límites de contacto y de contenido, y que en junio expandió configuraciones inspiradas en clasificaciones para mayores de 13 años. La empresa no aclaró si esas herramientas bastarán para cumplir la verificación de edad que el gobierno dejó sin detallar en el método. AFP y France 24 situaron el plazo de un mes en el contexto de violencia escolar, incluido el ataque en Torreón que el gobierno vinculó a patrones en redes.
Límites legales y qué sigue en 30 días
Jesús Eulises González Mejía, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, había advertido que un decreto presidencial debe distinguirse con cuidado de restricciones a la libertad de expresión y señaló posibles tensiones con el T-MEC sobre responsabilidad de plataformas, según El Economista. Esas observaciones son de análisis académico; no constituyen un fallo judicial.
Para usuarios y familias, el efecto práctico llegará cuando Meta, TikTok, X, Apple, Microsoft, Google y Huawei documenten ante la autoridad cómo filtrarán contenidos y verificarán edades. Consultar el Diario Oficial para confirmar la vigencia del decreto será el primer paso cuando se publique. En paralelo, trámites digitales como el registro de celular con CURP muestran la tendencia a vincular identidad y servicios.
En el terreno internacional, Meta ya enfrenta escrutinio por productos juveniles. Ofcom puso bajo la lupa a Meta por Instagram Instants, un antecedente de presión regulatoria que no se confunde con el decreto mexicano pero ilustra el clima global. Hasta la tarde del 14 de octubre, Meta no había publicado un cronograma de cambios solo para México.
El dato duro del día es doble: el gobierno firmó y emplazó; Meta dijo que analizará. Falta ver, en 30 días, si el análisis se traduce en ajustes visibles o si el Ejecutivo abre la discusión de una ley sancionadora. Mexican Times no da por cumplida ninguna medida que la empresa aún no haya anunciado.
Padres y madres de familia que ya usan las Cuentas de Adolescentes de Instagram encontrarán en el decreto un respaldo normativo a controles que hoy son voluntarios o parciales. El reto técnico es la verificación de edad a escala: sin un método definido por el gobierno, cada empresa puede proponer soluciones distintas —documentos, inferencia, pago con tarjeta— con implicaciones distintas para la privacidad. Organizaciones de derechos digitales han pedido, en debates previos, que cualquier esquema respete el interés superior de la niñez sin crear bases de datos vulnerables.
El reloj de 30 días corre desde la entrada en vigor. Publicar el decreto en el Diario Oficial será el disparador formal; después vendrán los informes a la Agencia de Transformación Digital. Si Meta solo “analiza” sin cambios visibles, el Ejecutivo ya adelantó que la siguiente estación es el Congreso.
