Por Luis Gerardo Mora Ríos
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado avaló el 14 de octubre un dictamen de transparencia salarial en el reclutamiento: las ofertas de empleo deberán publicar sueldo y prestaciones, y se busca acabar con la fórmula opaca de “sueldo competitivo”, según reportó El Economista.
El texto, discutido en la misma sesión que el dictamen de desconexión digital, reforma la Ley Federal del Trabajo y también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tipificar la brecha salarial como violencia laboral. Aún no está vigente: falta el resto del proceso legislativo y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Transparencia salarial: adiós al “sueldo competitivo”
La lógica del dictamen es simple y directa: quien publica una vacante debe decir cuánto paga y qué prestaciones ofrece desde el anuncio. Se prohíbe omitir esa información en ofertas de empleo impresas o digitales. Además, se impulsan criterios de fijación de sueldos por valor equivalente del trabajo, para atajar discriminación salarial encubierta entre puestos de igual responsabilidad y carga.
El Economista señaló que la reforma también impide alterar unilateralmente los salarios después de la contratación. Esa cláusula busca frenar prácticas de “ajuste a la baja” una vez que la persona ya firmó el contrato. Queda pendiente el articulado final que salga del pleno senatorial y de la Cámara de Diputados, porque el dictamen de comisión todavía puede modificarse en el trayecto.
Para departamentos de recursos humanos, el cambio —si llega al DOF— obligará a rediseñar plantillas de vacantes, rangos salariales internos y políticas de confidencialidad que hoy protegen la opacidad. Portales de empleo y reclutadoras privadas tendrán que exigir el dato al cliente antes de publicar. Quien se niegue a transparentar quedaría fuera de la legalidad laboral vigente en su momento.
Brecha salarial como violencia laboral
Al incorporar la brecha salarial en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Senado eleva el tema de un reclamo laboral a una categoría de violencia de género institucionalizada. Organizaciones feministas han pedido esa lectura durante años; cámaras empresariales advierten sobre rigideces en la negociación de paquetes y sobre costos de cumplimiento.
Para el mercado de trabajo mexicano, la transparencia salarial cambiaría la cultura de los anuncios en redes y de los portales de empleo. Candidatos podrían comparar ofertas con números reales, no con adjetivos vacíos. La Ley de Ingresos 2027 ya redefine obligaciones fiscales para contribuyentes; esta reforma laboral, si llega al DOF, redefiniría la información mínima de toda vacante publicada en el país.
El impacto práctico tocará a recursos humanos, a agencias de reclutamiento y a plataformas digitales. Quien hoy publica “sueldo a convenir” tendría que revelar rangos. Quien discrimina por género en la fijación de sueldos enfrentaría un marco más duro. Prestaciones como el aguinaldo seguirían reguladas por la LFT, pero ahora el anuncio previo a la contratación también tendría que ser transparente y verificable.
El dictamen se discute en un momento de alta sensibilidad laboral en el Congreso. Propuestas de protocolos de salud mental laboral muestran que el Legislativo mira condiciones de trabajo más allá del sueldo nominal. Transparencia salarial, desconexión digital y salud mental forman un paquete temático, aunque cada expediente avance a distinta velocidad en comisiones y plenos.
Hasta el cierre de esta nota, no hay fecha de pleno confirmada ni versión consolidada publicada en la Gaceta del Senado con el texto definitivo listo para votación. El semáforo es amarillo: hay aval de comisión el 14 de octubre, hay cobertura de El Economista y hay intención clara de cerrar la opacidad de los anuncios, pero no hay ley vigente. Empleadores y candidatos deben seguir las reglas actuales mientras el Congreso concluye el circuito.
Si el dictamen sobrevive Diputados y llega al DOF, la transparencia salarial obligará a rehacer plantillas de vacantes en todo el país. Si se diluye en el trayecto legislativo, el “sueldo competitivo” seguirá siendo el eufemismo favorito del reclutamiento mexicano. Por ahora, el hecho confirmado es el aval de la Comisión de Trabajo del Senado el 14 de octubre; el resto del camino legislativo permanece abierto y pendiente de votos en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Empleadores deben esperar la publicación en el DOF antes de asumir obligaciones nuevas
