Por Rodrigo Ávila Montaño
El Gobierno de Sinaloa separó temporalmente de su cargo al director del penal El Castillo, en Mazatlán, para no entorpecer las investigaciones por las riñas del 8 y 9 de octubre que dejaron 11 internos y un menor de edad que estaba de visita sin vida, además de 17 personas heridas. Así lo informaron este viernes 23 de octubre la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinhue Téllez López.
Las autoridades estatales no difundieron la identidad del funcionario ni el nombre de quien cubrirá su ausencia, de acuerdo con El Universal. Medios como La Jornada, Reforma e Infobae identificaron al director separado como Enrique Mora García. La medida, según la mandataria interina, será temporal y se mantendrá hasta que concluyan las indagatorias administrativas y judiciales en curso.
Qué se investiga en el penal El Castillo
De acuerdo con lo declarado por Téllez López, general en activo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública revisa la actuación del director del centro penitenciario y su posible responsabilidad en los hechos. Paralelamente, siguen en curso las investigaciones judiciales por los homicidios ocurridos dentro del reclusorio durante los dos días de enfrentamientos entre internos, según informaron ambos funcionarios.
El caso causó indignación por la muerte del menor, que se encontraba dentro del penal en día de visita cuando estalló la violencia. Domínguez Nava señaló que, a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, se ha atendido a todas las familias de los internos que murieron o resultaron lesionados y, de manera prioritaria, a la madre del adolescente fallecido. Hasta ahora no se ha informado de detenidos ni de imputaciones formales por esas muertes, dato que queda pendiente. Tampoco se ha dado a conocer un informe oficial detallado sobre la cronología de los enfrentamientos.
Las riñas de El Castillo se suman a la crisis de seguridad que vive Sinaloa desde hace más de un año por la disputa entre facciones del crimen organizado, con efectos en calles, carreteras y también en los centros penitenciarios. Tras la violencia de inicios de mes, en Mexican Times informamos del plan para construir seis nuevos penales estatales tras la violencia en Mazatlán, una de las respuestas anunciadas ante la sobrepoblación y el control de grupos criminales dentro de las cárceles.
Seguridad en Sinaloa, tema con la presidenta
La gobernadora interina hizo el anuncio durante una feria del empleo en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato. Ahí relató que en su reciente reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum abordaron la seguridad en Sinaloa y los pagos pendientes a productores de maíz, dos de los temas más sensibles en la entidad, según la nota de El Universal.
La separación del director es la primera consecuencia administrativa visible por las muertes en el penal, a dos semanas de los hechos. Las autoridades no han detallado qué fallas de control se investigan ni cómo se desató la violencia en un día con visitas dentro del penal. La custodia de las personas privadas de la libertad, y de quienes acuden a visitarlas, es responsabilidad de las autoridades penitenciarias, por lo que el desenlace de la investigación administrativa será observado de cerca por las familias de las víctimas.
Lo que falta por aclarar
Quedan preguntas abiertas: quién encabeza ahora el penal, si hubo omisiones del personal de custodia, cómo se originó la riña y si habrá responsabilidades penales para servidores públicos. Tampoco se ha precisado cuánto podrían durar las indagatorias, por lo que la separación temporal podría extenderse varias semanas. Sinaloa ha estado en el foco internacional por la violencia del crimen organizado, al grado de que Estados Unidos sancionó a “Mayito Flaco” y Carlos Torres por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Los resultados de la investigación del Órgano Interno de Control serán determinantes para saber si el director regresa a su cargo o si se procede con sanciones definitivas, decisión que dependerá de lo que arrojen las indagatorias. Por ahora, el mensaje del gobierno estatal es que la separación busca que el funcionario no interfiera con las pesquisas y que estas se desarrollen sin presiones internas. Al ser temporal, la separación no implica por sí misma una determinación de responsabilidad del director, que en su caso deberá establecerse dentro del procedimiento administrativo o judicial correspondiente, con derecho a defensa.
