Por Bruno Cortés
Una iniciativa presentada en el Senado busca que la alfabetización digital deje de ser un asunto que cada familia resuelve como puede y se convierta en una obligación expresa de las autoridades educativas. La propuesta es del senador panista Agustín Dorantes Lámbarri y fue difundida este 24 de octubre en el boletín 0331 del Senado de la República.
El documento, inscrito en la Gaceta Parlamentaria del 14 de octubre, plantea reformar cuatro artículos de la Ley General de Educación: el 74, el 78, el 86 y el 115. A continuación, lo que cambiaría, según la información difundida por la Cámara alta.
1. Una obligación expresa para las autoridades educativas
El núcleo de la reforma es establecer, de forma explícita, que las autoridades educativas deben promover, desarrollar y difundir programas de formación y orientación familiar en materia de alfabetización digital. Esos programas estarían dirigidos a madres, padres de familia y tutores, y tendrían que ser accesibles, permanentes y gratuitos.
Que sean permanentes es relevante: no se trataría de campañas aisladas, sino de una oferta continua. Que sean gratuitos busca que el costo no deje fuera a ninguna familia.
2. Qué deberían aprender las familias
El propósito es que madres, padres y tutores desarrollen conocimientos, habilidades y capacidades para el uso responsable y seguro de las tecnologías, la prevención e identificación de riesgos y la actuación oportuna ante situaciones que afecten los derechos, la integridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
El senador sugirió contenidos concretos: protección de datos personales, privacidad, seguridad de cuentas y dispositivos, prevención del ciberacoso y de la violencia digital, prevención del abuso y la explotación sexual facilitados por tecnologías, y prevención de la suplantación de identidad y de los fraudes electrónicos.
3. Capacitación para el personal educativo
La reforma también propone fortalecer las capacidades del personal educativo que participe en estas actividades. Sin docentes y facilitadores preparados, los programas difícilmente podrían sostenerse.
4. Reparto de tareas entre Federación y estados
Otro cambio consiste en definir las atribuciones concurrentes de las instancias educativas federales y de las entidades federativas para la implementación. En la práctica, se trata de precisar qué hace la autoridad federal y qué corresponde a los gobiernos estatales.
5. Varias formas de llegar a las familias
El proyecto propone que las autoridades promuevan modalidades presenciales, a distancia y comunitarias, con materiales y recursos formativos gratuitos y accesibles, para facilitar el acceso a las actividades de información y orientación.
Por qué ahora
La iniciativa se apoya en el estudio Disrupting Harm México, presentado en junio de 2026 por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL. Según ese trabajo, citado en el proyecto, 13 por ciento de las y los usuarios de internet de 12 a 17 años en México, alrededor de 1.6 millones de adolescentes, sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología en un año. Además, 32 por ciento de las víctimas no se lo contó a nadie y menos de uno por ciento de los casos identificados llegó a denunciarse ante la policía.
La discusión ocurre en paralelo a otras propuestas, como la propuesta en la Cámara de Diputados para frenar la explotación digital de menores, y a referentes internacionales como los cinco principios de la ONU para proteger a niñas, niños y jóvenes de contenidos dañinos. También coincide con el reciente decreto sobre menores y redes sociales, que puso el foco en el papel de padres y plataformas.
Dorantes Lámbarri insistió en que su propuesta busca fortalecer el marco educativo nacional con una política de alfabetización digital familiar que brinde herramientas de orientación y acompañamiento, promueva la corresponsabilidad institucional y contribuya a la prevención y actuación ante riesgos.
En qué etapa está
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera. Todavía debe ser analizada y dictaminada; después tendría que aprobarse en el pleno del Senado y en la Cámara de Diputados. Mientras eso no ocurra, los cambios descritos son solo una propuesta.
