Por Bruno Cortés
Si alguna vez quisiste cambiar de compañía telefónica, pero te detuvo la penalización por cancelar antes de tiempo, esta propuesta te interesa. El senador Aníbal Ostoa Ortega, de Morena, plantea que, cuando un plan incluya un celular comprado a plazos, el usuario que cancele de forma anticipada pague únicamente lo que le falta del equipo. Así lo informó el Senado de la República este 24 de octubre en su boletín 0332.
La regla que propone
La iniciativa busca eliminar las penalizaciones económicas por cancelar anticipadamente un servicio de telecomunicaciones cuando este incluya un equipo adquirido mediante financiamiento. En su lugar, durante la sesión plenaria del 21 de octubre, el legislador sostuvo que a las empresas solo les corresponde reclamar el pago proporcional del saldo pendiente del dispositivo.
Dicho de forma práctica: si contrataste un plan con un teléfono a plazos y decides terminarlo antes, la cuenta final sería el saldo que aún debes del aparato. No habría un cargo adicional por la decisión de irte. El senador lo resumió con una frase: “Ninguna persona debe pagar por un servicio que no recibe”.
Ostoa explicó que, si existe un equipo financiado, el usuario deberá cubrir exclusivamente el saldo pendiente del dispositivo, “porque eso es justo, razonable y válido”, según lo recoge el boletín.
Adiós a fianzas y depósitos como requisito
La propuesta va un paso más allá. También pretende prohibir que las compañías condicionen la contratación, la continuidad o la renovación de sus servicios a la entrega de fianzas, depósitos en garantía, garantías financieras u otros mecanismos de respaldo económico previo.
El legislador argumentó que, con estos requisitos, desde el primer día los ciudadanos son tratados como posibles deudores y obligados a entregar garantías económicas para acceder a un servicio esencial.
Dos leyes para blindar el cambio
Para garantizar su cumplimiento, la iniciativa reforma diversos artículos de dos ordenamientos: la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Protección al Consumidor. La intención, explicó Ostoa Ortega, es que las restricciones queden tanto en la regulación del sector como en las normas de protección al consumidor, para fijar reglas claras sobre los cobros y las condiciones impuestas a los usuarios.
¿A cuántas personas alcanzaría?
Según el senador, la medida beneficiaría a 24.8 millones de usuarios de planes de pospago en México. El universo de clientes del sector podría moverse en los próximos meses por operaciones como la venta de AT&T México a Televisa y Fintech, que ha generado dudas sobre lo que pasará con los planes vigentes.
“Cada año, millones de mexicanos son castigados económicamente por cancelar un servicio, se les cobra por irse o por elegir otra opción, pero también son obligados a constituir fianzas, pagar primas anuales o depósitos en garantía y se les señala como deudores antes que como clientes”, recalcó el legislador.
Los principios detrás
De acuerdo con Ostoa Ortega, el objetivo es fortalecer la protección de los derechos de las personas usuarias, eliminar prácticas contractuales desproporcionadas y consolidar un marco regulatorio acorde con los principios de libre elección, competencia efectiva y equidad contractual.
“Estamos hablando de justicia para los usuarios, de libertad de elección y de poner un límite a prácticas abusivas que durante años se normalizaron en nuestro país por parte de empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil”, afirmó.
Todavía no aplica
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. Necesita aprobarse en comisiones, en el pleno del Senado y en la Cámara de Diputados antes de entrar en vigor. Por ahora, tu contrato sigue sujeto a las condiciones que firmaste, así que vale la pena revisarlas, igual que conviene tener en orden los trámites de tu línea, como explicamos en esta guía para recuperar tu número si no lo vinculaste con tu CURP.
