Por Rodrigo Ávila Montaño
El contrato más cuantioso que concretó Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral, por 1,075 millones de pesos para fabricar la credencial del INE en 2025, está envuelto en señalamientos de requisitos a modo, sobrecostos y vínculos entre proveedores, de acuerdo con una investigación publicada este jueves 29 de octubre por el diario Reforma.
Según esa publicación, retomada por Periódico AM y otros medios a través de Agencia Reforma, el servicio lo ganó un consorcio encabezado por la empresa Cosmocolor, junto con Talleres Gráficos e Icards Solution, y fue operado por el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, empresario cuya cercanía con Taddei ha sido documentada en videos e imágenes de reuniones sociales.
Qué se denuncia sobre el contrato de la credencial del INE
Durante la licitación, representantes de empresas participantes alertaron que se trataba de un «proceso a modo», según denuncias que, de acuerdo con Reforma, constan en documentos públicos. Entre los puntos señalados están:
- Cambios en las bases del concurso que habrían favorecido al consorcio ganador; las bases se modificaron varias veces.
- La reducción del requisito de experiencia, de 2 millones de documentos emitidos a solo 200 mil.
- La ampliación del radio en el que los concursantes debían acreditar una planta o bodega, lo que habría permitido la entrada de Icards Solutions, con instalación en Querétaro.
- La exigencia de perfiles de expertos con maestrías y certificaciones que no se pedían en otros procesos.
- La obligación de contratar exclusivamente a la empresa HuBOX para emitir el código QR, firma que ya trabajaba con Cosmocolor.
El diario también reporta que Cosmocolor acreditó experiencia con convenios celebrados con su propio socio, Icards Solutions, lo que despertó sospechas de simulación.
Sobrecostos en los códigos QR
Otro de los señalamientos se refiere al precio del código QR que lleva la credencial. De acuerdo con Reforma, en 2022 cada QR costó 1.7 centavos de dólar y en este contrato se ofertó en 12 centavos, mientras que valuadores externos lo ubican en el mercado en alrededor de 5 centavos de dólar.
La publicación vincula ese componente con el empresario Ramón Mondragón, quien, según el diario, apareció en un video celebrando con Hernández Casillas el fallo a favor del consorcio. Una fuente cercana al proceso citada por Reforma sostiene que los cambios a las bases buscaban facilitar el contrato a Fernando Marón, dueño de Cosmocolor.
Hasta el cierre de esta nota, la postura del INE y de las empresas mencionadas sobre estos señalamientos queda PENDIENTE. Se trata de hallazgos periodísticos que no constituyen una resolución de autoridad.
Renuncias y revisión de perfiles en el instituto
La investigación se publica mientras el INE vive una ola de salidas. La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, informó que se han registrado 15 bajas de personal de confianza cercano a Taddei: tres previas y otras 12 presentadas en la oficina de la Presidencia.
Entre las tres primeras están las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios. Según Reforma, los tres participaban en reuniones con Hernández Casillas.
Cruz García dijo que los 10 consejeros en funciones revisarán todos los perfiles directivos, incluido el del secretario ejecutivo, Roberto Félix, quien por ahora se mantiene en el cargo. «Todos los perfiles deben ser revisados, todas las posiciones deben ser revisadas, es un acuerdo que tenemos las y los 10 consejeros», afirmó.
El debate sobre quién imprimirá el material electoral
El caso se cruza con la discusión sobre la papelería electoral rumbo a 2027. En Mexican Times explicamos qué propone Sheinbaum para Talleres Gráficos de México tras el caso Taddei, y también repasamos lo que dijo la entrevista de Adela Micha sobre Taddei, frase por frase.
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio que abarca al INE, a organismos electorales locales, empresas y proveedores, según ha informado Excélsior. El viernes 30 de octubre, además, el titular del Órgano Interno de Control del INE comparecerá ante comisiones de la Cámara de Diputados, donde se espera que los legisladores pregunten por las contrataciones del instituto.
Lo que resulte de esas revisiones definirá si los señalamientos sobre la credencial del INE derivan en responsabilidades administrativas o penales, algo que por ahora sigue PENDIENTE.
