Por Bruno Cortés
Más de 131 mil tomas ilegales de agua registradas entre 2019 y septiembre de 2022, concentradas principalmente en Aguascalientes, Estado de México y Nayarit. Ese es el dato con el que la senadora Susana Zatarain García, del PAN, justificó este lunes una iniciativa para llevar el robo de agua al Código Penal Federal.
La cifra aparece en el boletín 0470 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, fechado el 16 de noviembre de 2026, en el que la legisladora describe el llamado “huachicol de agua” como un problema de alcance nacional.
Qué dice la cifra y qué no
El boletín atribuye el dato a la senadora, pero no identifica la fuente oficial de la que proviene, ni desglosa cuántas tomas corresponden a cada uno de los tres estados mencionados. Tampoco ofrece información posterior a septiembre de 2022, por lo que no es posible saber, con base en el documento, si el fenómeno ha crecido o disminuido desde entonces.
Lo que sí sostiene Zatarain García es que el crecimiento de las tomas clandestinas, la perforación ilegal de pozos y la sustracción del recurso para su comercialización evidencian la necesidad de mecanismos legales para prevenir, investigar y sancionar estas conductas de manera efectiva.
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Tres estados en el foco
Aguascalientes, Estado de México y Nayarit son las tres entidades que el boletín menciona como aquellas donde se concentró principalmente el delito. El documento no explica las razones de esa concentración ni si existen diferencias en el tipo de robo en cada una, por ejemplo, entre tomas en redes urbanas y perforación de pozos.
En el caso del Estado de México, entidad vecina de la capital del país, el tema ha estado presente en el debate público por los problemas de abasto en distintas zonas, aunque el boletín no entra en ese contexto.
La respuesta que propone: cárcel
Ante ese diagnóstico, la iniciativa plantea reformar el Código Penal Federal para imponer de seis a 10 años de prisión y una multa de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización a quien, sin concesión, asignación, permiso, autorización o título legalmente exigible, extraiga, sustraiga o aproveche ilícitamente aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, o agua que provenga de redes, tuberías, tomas, pozos, depósitos o cualquier infraestructura hidráulica pública o privada.
La misma sanción aplicaría a quien perfore, habilite, altere o manipule pozos, tomas, instalaciones hidráulicas o dispositivos de medición para robar agua, y a quien la almacene, transporte, suministre o comercialice cuando haya sido obtenida ilegalmente.
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Cuando el robo afecta a toda una población
Uno de los puntos de la propuesta es que las penas podrían aumentar hasta en una mitad si la conducta se realiza de manera organizada, si afecta el suministro de una población o si causa un daño significativo a un acuífero, río, lago, humedal u otro ecosistema relacionado.
Para la venta de agua robada con fines de lucro, la iniciativa distingue por volumen: menos de 50 mil litros, de tres a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 UMA; 50 mil litros o más, de seis a 10 años y multa de 300 a 800 UMA.
El trasfondo
Según el boletín, la senadora busca cerrar vacíos jurídicos y que el agua sea protegida como un bien de interés público y no como fuente de lucro por actividades ilícitas. Sostiene también que el robo de agua compromete el derecho de las personas al acceso, disposición y saneamiento del recurso.
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En qué etapa está
La iniciativa fue enviada a las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y de Estudios Legislativos Primera, que deberán analizarla. Hasta ahora es solo una propuesta: no ha sido dictaminada ni votada, y el boletín no menciona fechas para su discusión.
El documento tampoco incluye la opinión de autoridades del agua, gobiernos estatales u otras bancadas sobre la cifra o sobre las penas planteadas, por lo que habrá que esperar el trabajo en comisiones para conocer el alcance del debate.


