El Subfiscal General Adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, ordenó formalmente a los fiscales federales de ese país intensificar los procesos judiciales contra funcionarios públicos mexicanos vinculados con agrupaciones del narcotráfico. La instrucción interna, emitida mediante una conferencia virtual y difundida este viernes 15 de mayo de 2026, estipula que las acusaciones de la fiscalía se fundamenten bajo los estatutos de las leyes antiterroristas vigentes en la legislación estadounidense.
La directriz del Departamento de Justicia establece el objetivo de triplicar el volumen de imputaciones penales vigentes contra servidores estatales de origen mexicano que presuntamente operan redes de protección institucional para la delincuencia organizada. El mandato federal tipifica estas conductas dentro del marco de brindar apoyo material a organizaciones catalogadas como terroristas, estatus legal que el gobierno de Estados Unidos asignó a los cárteles mexicanos el año pasado.
Las modificaciones en la estrategia jurídica penal incrementan las penalidades potenciales para los procesados, quienes podrían enfrentar sentencias de cadena perpetua en prisiones federales. Las acusaciones antiterroristas anulan los beneficios procesales convencionales contemplados en los acuerdos estándar por delitos de narcotráfico. El gobierno estadounidense fundamenta esta severidad en el registro de fallecimientos por sobredosis de fentanilo en su territorio, una cifra que superó las 100,000 muertes anuales.
El endurecimiento de la política judicial ocurre dos semanas después de que el Departamento de Justicia hiciera pública la apertura de carpetas de investigación contra diez funcionarios públicos de la administración del estado de Sinaloa. La lista de investigados incluye de forma prioritaria al gobernador de dicha entidad, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal a su cargo legislativo hace más de 15 días tras revelarse el inicio de las indagatorias bilaterales.
El operativo judicial derivado de este caso fronterizo derivó en la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, en el estado de Arizona. La captura del mando policial confirma el flujo de detenciones en territorio estadounidense y activa las alertas operativas en las zonas fronterizas compartidas. Las agencias de inteligencia han detectado un incremento en los cruces vehiculares de funcionarios bajo escrutinio hacia suelo americano.
La implementación de este protocolo de persecución penal bajo cargos de terrorismo implica la congelación automática de activos financieros, bienes inmuebles y cuentas bancarias ligadas a los señalados en instituciones bancarias globales. Los fiscales de distrito en Estados Unidos tienen la orden de coordinar sus carpetas de investigación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para inmovilizar los recursos económicos de los sospechosos en un plazo no mayor a 72 horas tras emitirse la orden de aprehensión.
Hasta el momento del cierre de esta edición, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido comentarios adicionales respecto a la filtración del memorándum interno de Singh. Por su parte, los consulados mexicanos en territorio estadounidense mantienen guardias operativas para procesar las solicitudes de asistencia consular de los ciudadanos detenidos bajo esta nueva modalidad del código penal federal.
