Por Bruno Cortés
Las diputadas federales Margarita García García y Martha Aracely Cruz Jiménez presentaron una solicitud formal de intervención ante la Conagua y la Profepa para auditar las licencias del desarrollo comercial Parque Oaxaca, promovido por FIBRA Danhos. La acción legal responde a la enajenación de la calle Las Rosas efectuada por el alcalde de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, catalogada por las legisladoras como un presunto ejercicio ilegal del servicio público.
La investigación parlamentaria apunta a que el Cabildo de Oaxaca autorizó la venta de un bien de dominio público irreversible sin desahogar el procedimiento de utilidad pública requerido por la Ley General de Bienes Nacionales. La transacción de 24 millones de pesos benefició de forma directa al fideicomiso privado, ignorando las denuncias sobre la invasión de un arroyo de propiedad federal.
«El cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó en ‘fast track’, al estilo de Ray Chagoya, del viejo PRI, que se disfrazó de Morena», declaró la diputada Margarita García, al señalar la responsabilidad directa de los regidores. La legisladora advirtió que los funcionarios que validaron la desincorporación incurrieron en faltas administrativas graves que ameritan la destitución, inhabilitación o sanciones penales.
El expediente expone que la empresa constructora procedió al derribo de arbolado y a la demolición de pavimento antes de que el dictamen fuera discutido y votado en la sesión virtual del Cabildo. Este orden de hechos sugiere una concertación previa entre las autoridades del municipio y los representantes de FIBRA Danhos, vulnerando los principios de transparencia en las licitaciones públicas.
Paralelamente, las legisladoras denunciaron un esquema de opacidad en el reordenamiento del transporte público foráneo ejecutado por el gobierno estatal. El plan de la Secretaría de Movilidad impuso la reubicación de terminales y la aplicación de multas severas programadas para el mes de julio, afectando las operaciones de choferes procedentes de Atzompa, Zaachila y Zimatlán.
La bancada del PT en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió congelar la aplicación de estas sanciones viales hasta que se instale una mesa de negociación técnica con los afectados. Las diputadas sostienen que las medidas unilaterales del ejecutivo local privilegian la operación de empresas concesionarias de mayor escala, en perjuicio del modelo de transporte comunitario.
El seguimiento institucional del caso incluirá la revisión de las cuentas públicas del municipio de Oaxaca de Juárez correspondientes al ejercicio fiscal vigente. El Congreso buscará determinar si los 24 millones de pesos ingresaron a las arcas públicas y bajo qué conceptos presupuestales se planea ejercer dicho capital, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.