Los controles de integridad en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) quedaron bajo escrutinio después de que una compañía administrada por la hija de una colaboradora cercana a Guadalupe Taddei apareciera como proveedora del organismo en 2026.
La empresa es Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V. Su administradora única, Itzel Sandino Piña Soria, es hija de Lourdes Piña Soria del Valle, persona que públicamente se presenta como asesora y colaboradora de confianza de la consejera presidenta del INE.
Una investigación de El Universal indica que Lourdes Piña no aparece en los registros de nómina, de personal externo o de honorarios. Empleados citados por el diario afirman que mantiene acceso frecuente a instalaciones institucionales, versión que el INE no había confirmado públicamente.
El expediente societario introduce además a Gilberto Solís Mendívil como comisario de Promotora de Noticias Exactas. El cargo implica vigilancia dentro de la sociedad y documenta una relación empresarial formal, aunque no significa por sí mismo que Solís controle la administración.
La relevancia del nexo aumenta porque Solís recibió del INE un contrato superior a un millón de pesos a finales de 2025. El servicio consistió en producir una miniserie documental sobre la elección judicial, proyecto cuestionado por consejeros electorales que se deslindaron del procedimiento.
Solís también aparece como comisario de Tequio Exporta, S. de R.L. de C.V., firma fundada por Itzel y Jaime Sandino Piña Soria. Ese registro enlaza al contratista con dos sociedades relacionadas con los hijos de Lourdes Piña.
Promotora de Noticias Exactas ya contaba con experiencia en contratación pública. Entre 2022 y 2023 prestó servicios de difusión al Senado y al Instituto Mexicano del Seguro Social, y en los contratos revisados Solís aparece como representante empresarial.
El reportaje añade un antecedente que exige especial cuidado: Solís habría sido sancionado por participar en un esquema de desvío de recursos en Hidalgo, asociado con campañas de comunicación pagadas entre 2012 y 2016 que no se habrían ejecutado. Se trata de un señalamiento atribuido a la investigación consultada.
Desde una perspectiva de rendición de cuentas, la pregunta principal es qué salvaguardas aplicó el INE. Para evaluar el caso deben conocerse la modalidad de contratación, la competencia entre oferentes, las declaraciones de interés, la cadena de autorizaciones y cualquier excusa presentada por servidores públicos.
Los vínculos familiares y corporativos documentados son relevantes para exigir transparencia, pero no prueban automáticamente favoritismo, conflicto de interés ni responsabilidad legal. Una conclusión de ese tipo requiere el expediente de contratación y una determinación de la autoridad competente.
Al cierre de esta publicación no se había localizado una respuesta pública específica del INE, de Taddei, de Lourdes Piña, de Itzel Sandino o de Gilberto Solís sobre la nueva proveeduría. También permanecían sin precisar el servicio y el monto contratado en 2026.
Imagen destacada: ilustración editorial generada con inteligencia artificial.
