Por Rodrigo Ávila Montaño
El decreto contra violencia en redes ya tiene fecha. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina de este lunes 5 de octubre que el jueves 8 se presentará en Palacio Nacional el instrumento con el que el Gobierno de México busca obligar a las plataformas digitales a frenar la difusión de contenidos violentos, de acoso y de abuso sexual, sobre todo entre jóvenes.
“El jueves presentamos aquí ya el decreto para evitar la violencia en las redes sociales”, dijo la mandataria al responder una pregunta sobre igualdad y cambio cultural. Con esa frase, la medida que el viernes 2 de octubre era apenas un grupo de trabajo pasa a tener un calendario concreto, aunque todavía no se conoce el texto ni el alcance exacto de las obligaciones que tendrán las empresas.
La presidenta explicó por qué el gobierno quiere poner a las plataformas en el centro de la discusión: “las redes sociales tienen una responsabilidad y hoy es quizá el principal medio de comunicación de los jóvenes”. Añadió que ya inició el diálogo con las compañías y que esta misma semana habrá nuevas conversaciones con ellas, pero dejó claro el objetivo: “no queremos que la red social se convierta en un espacio de vínculo de los jóvenes a través de la violencia”.
Qué se sabe del decreto contra violencia en redes
El punto de partida fue el ataque del 1 de octubre en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora del plantel. Un día después, Sheinbaum anunció un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Transformación Digital, instituciones académicas y especialistas. Mexican Times dio cuenta entonces de cómo el gobierno prepara un decreto para retirar contenido violento de plataformas.
En aquella presentación, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, adelantó que el decreto fijaría obligaciones para detectar, reportar y retirar a tiempo publicaciones y comentarios que inciten directamente a la violencia, además de canales de coordinación con las autoridades. También se habló de reforzar el monitoreo de redes, servicios de mensajería y foros, y de revisar las reglas de acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales, con mecanismos de verificación acordes con la edad.
Este lunes la presidenta sumó un elemento nuevo: el gobierno prefiere un acuerdo con las empresas, pero no lo considera indispensable. Cuando se le preguntó si habría medidas tajantes, respondió que sí y que, aunque busca que sea de común acuerdo, “ojalá sea así, pero de no ser así hay que tomar medidas”. Según explicó, ya son cuatro los casos en el país de jóvenes que han atacado de manera violenta a docentes o compañeros, y en ellos “hay evidencia de que hay comunicación a través de las redes”.
Por eso insistió en que la atención emocional en las escuelas, como el programa ABC de las Emociones de la Secretaría de Educación Pública, no basta por sí sola. Dijo que tiene que haber una limitación en las plataformas y precisó que debe alcanzar la propagación del acoso y del abuso sexual. Al mismo tiempo, pidió atender desde los planteles el aislamiento, la depresión y la falta de vínculos sociales entre los estudiantes.
El límite entre prevenir y censurar
La pregunta que acompañará al decreto desde el jueves es dónde termina la prevención y dónde empieza la censura. Sheinbaum se adelantó a ese debate: “No creo que nadie piense que es libertad estar promoviendo violencias de todo tipo en las redes sociales o abusos sexuales”. Y sostuvo que la definición no quedará solo en manos del Ejecutivo, sino de especialistas en redes sociales y formas de comunicación digital que ayuden a decir “cuál es ese límite”.
El viernes pasado la propia presidenta había señalado que deberá quedar muy claro qué tipo de contenidos se retirarán, justamente para no caer en censura. Ese matiz pesa porque en el Congreso ya hay una discusión abierta sobre libertad de expresión en internet: Movimiento Ciudadano, por ejemplo, rechaza la llamada “ley antimemes” por considerar que vulnera ese derecho, y es previsible que el nuevo decreto se lea con la misma lupa.
La mandataria buscó otro precedente para respaldar la medida: la decisión de limitar el uso de celulares en las escuelas, que tomaron el gobierno federal y los gobernadores. “Fue una decisión unánime”, recordó, en referencia a la política que dejó el celular en la mochila para 34 millones de alumnos. Su apuesta es que el freno a la violencia digital se viva igual, como una decisión colectiva y no solo presidencial; según dijo, madres, padres e incluso los propios jóvenes estarán de acuerdo.
Qué significa para las familias
Para madres y padres de familia, lo que se conozca el jueves puede traducirse en cambios concretos: reglas más estrictas para que menores de edad abran cuentas, reportes más rápidos de publicaciones violentas y una mayor obligación de las plataformas de responder cuando se les señale un riesgo. La Secretaría de Educación Pública ya había planteado revisar mecanismos para que los menores no abran cuentas sin intervención de sus padres y pedir a las empresas que demuestren que son espacios seguros.
Quedan pendientes varias respuestas que el decreto tendrá que dar: qué autoridad vigilará su cumplimiento, en qué plazos deberán actuar las empresas, qué pasará si no lo hacen y cómo se protegerá la libertad de expresión de los usuarios adultos. Mexican Times dará seguimiento a la presentación del jueves 8 de octubre y a la respuesta de las plataformas digitales.
