El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este jueves la detención de Fernando Farías Laguna en Buenos Aires, Argentina. El sujeto, quien es sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, contaba con una ficha roja de Interpol activa por delitos relacionados con la delincuencia organizada y el robo de hidrocarburos.
Al momento de ser interceptado por las fuerzas federales argentinas, Farías Laguna portaba un pasaporte falso de Guatemala, con el cual intentaba evadir los controles migratorios. El reporte técnico indica que la detención se ejecutó con fines de extradición inmediata hacia México, donde deberá enfrentar los cargos que se le imputan en materia de huachicol fiscal.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan a Farías Laguna como el líder de una red transnacional que operaba en México y Estados Unidos. Este esquema criminal se especializaba en el fraude fiscal mediante la importación y comercialización irregular de combustibles, afectando directamente las finanzas del Estado mexicano.
Su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, ya se encuentra recluido bajo proceso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como «El Altiplano», en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos son señalados de haber consolidado una de las estructuras de corrupción más extensas registradas en las administraciones recientes en el sector energético.
El caso cobra relevancia por los antecedentes internos en la Secretaría de Marina. Según informes de inteligencia, el esquema fue denunciado originalmente por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. El oficial informó directamente a su superior, el entonces secretario Ojeda Durán, sobre las actividades ilícitas de sus sobrinos antes de ser víctima de un ataque armado.
Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024, apenas un mes después de que iniciara el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este hecho vincula la detención actual con una investigación de alto nivel que busca esclarecer no solo el fraude fiscal, sino las posibles represalias violentas contra quienes denunciaron la red.
El proceso legal ahora queda en manos de los tribunales argentinos, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestiona los trámites de entrega. Se estima que el traslado a territorio mexicano podría concretarse en las próximas semanas, dependiendo de los recursos de defensa que interponga el detenido en el país sudamericano.
