Miles de estudiantes, docentes e investigadores marcharon este jueves frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires y en las principales ciudades de Argentina para exigir al Poder Ejecutivo la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización federal responde a la falta de transferencia de los recursos presupuestarios ratificados por el Poder Legislativo y ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con un reporte técnico del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los fondos asignados a las instituciones de educación superior pública registraron un censo negativo acumulado del 40.5% en términos reales durante el primer semestre del ejercicio fiscal en comparación con el mismo periodo de 2023. La contracción afectó el pago de nóminas, el mantenimiento de infraestructura y el programa nacional de becas.
La normativa aprobada establece un ajuste obligatorio en las escalas salariales del personal docente y administrativo con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado desde diciembre de 2023. Asimismo, el marco legal impone una actualización trimestral para los gastos operativos de funcionamiento de las 57 universidades nacionales repartidas en el territorio argentino.
Las agrupaciones sindicales del sector educativo reportaron que la pérdida del poder adquisitivo en los salarios universitarios ha detonado un incremento en la tasa de renuncia de profesores de carrera y una aceleración en el pluriempleo docente. La Secretaría General del gremio Conadu Histórica confirmó que las remuneraciones actuales se ubican por debajo del umbral de la canasta básica familiar fijado por el organismo estatal de estadística.
El vocero de la Presidencia de la Nación, Adrián Ravier, declaró en rueda de prensa previa que el instrumento legislativo no se encuentra derogado, sino interrumpido en su aplicación mientras concluyen las apelaciones interpuesta por la Sindicatura General de la Nación. El gobierno sostiene que la norma incumple el principio de equilibrio fiscal al no especificar la fuente de ingresos para cubrir la partida presupuestaria de 2026.
La jornada de protesta pacífica representó la quinta movilización federal convocada por las comunidades académicas desde el inicio del periodo gubernamental en diciembre de 2023. La columna principal de la marcha ocupó más de diez cuadras sobre la Avenida de Mayo, afectando el tránsito vehicular en el centro de la capital y el servicio de las líneas de transporte público.
A la convocatoria institucional se sumaron representaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), agrupaciones de jubilados y organizaciones de la sociedad civil. Las centrales obreras respaldaron el reclamo educativo e incluyeron en el pliego de peticiones la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que libera la adquisición de tierras rurales por parte de inversionistas extranjeros.
