Washington comenzó a tratar el huachicol mexicano como un asunto vinculado a su seguridad nacional. Ya no se trata solamente de robo a Pemex o contrabando fronterizo: legisladores de Estados Unidos buscan involucrar formalmente al aparato de defensa en el seguimiento de redes criminales que financian a los cárteles mediante combustible robado, crudo ilegal y lavado transfronterizo.
La iniciativa se llama Stop Fueling Cartel Violence Act y fue presentada por el republicano texano John Cornyn y la demócrata Jacky Rosen. El proyecto plantea que el Departamento de Defensa entregue al Congreso estadounidense un reporte sobre acciones y recomendaciones para enfrentar el contrabando de hidrocarburos vinculado con organizaciones criminales mexicanas.
El movimiento político no es menor. El tema dejó de estar únicamente en manos del Departamento del Tesoro, la DEA o agencias fronterizas. Ahora empieza a entrar al circuito estratégico de defensa y seguridad hemisférica de Estados Unidos.
Cornyn sostiene que los grupos criminales roban hidrocarburos, los venden en mercados ilegales y utilizan esas ganancias para financiar tráfico de drogas y personas. Rosen, por su parte, afirma que el robo de combustible se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos no relacionadas con narcóticos para los cárteles mexicanos.
La iniciativa todavía no es ley. El proyecto fue presentado en el Senado y deberá avanzar en el proceso legislativo estadounidense. Pero el mensaje político ya quedó instalado: Washington está incorporando el huachicol a su narrativa de amenaza energética, económica y de seguridad nacional.
El endurecimiento no comenzó en el Capitolio. Desde mayo de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a mexicanos y empresas vinculadas con una red de narcotráfico, robo de combustible y contrabando de crudo ligada al CJNG. Según las autoridades estadounidenses, esas operaciones generaban cientos de millones de dólares anuales mediante combustible robado, petróleo ilegal y tráfico de fentanilo.
FinCEN, la unidad antilavado del Tesoro, también emitió alertas específicas sobre esquemas de contrabando de petróleo asociados a cárteles mexicanos. En esos documentos se describen redes financieras que involucran intermediarios mexicanos, importadores estadounidenses, brokers energéticos y triangulación de recursos.
Los documentos y declaraciones de autoridades estadounidenses apuntan a una lectura cada vez más integrada: drogas, huachicol, lavado, armas y corrupción forman parte de un mismo ecosistema criminal transfronterizo.
El discurso se endureció todavía más con Pete Hegseth, quien durante la Americas Counter Cartel Conference habló de operar contra grupos “narco-terroristas” y de combatir a los cárteles “en todos los dominios”, con un lenguaje más cercano a la doctrina militar que a la cooperación policial tradicional.
En paralelo, los señalamientos provenientes de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios sinaloenses abrieron otro frente de presión política para Morena. Las acusaciones públicas los colocan bajo escrutinio por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
Ese expediente no es por huachicol. Además, debe distinguirse entre señalamientos políticos, investigaciones y eventuales imputaciones judiciales formales. Sin embargo, el contexto estratégico en Washington coloca ambos temas —financiamiento criminal y presunta protección institucional al crimen organizado— dentro de una misma ofensiva contra las economías ilegales de los cárteles mexicanos.
Para Morena, el ángulo político está en que no se trata únicamente de una controversia local en Sinaloa, sino de un endurecimiento integral de la política estadounidense hacia redes criminales mexicanas y sus posibles estructuras de protección.
La presión aumentó cuando Enrique Inzunza solicitó licencia temporal al Senado para separarse de sus funciones legislativas. El movimiento ocurrió después de comparecer ante la Fiscalía General de la República por los señalamientos provenientes de Estados Unidos.
La licencia no cerró la crisis política; por el contrario, mantuvo abierto el cuestionamiento público. Si Washington ya elevó el huachicol y las finanzas criminales a prioridad estratégica de seguridad nacional, la pregunta dentro y fuera del oficialismo es hasta dónde llegará la presión política y judicial sobre figuras mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
