Por Rodrigo Ávila Montaño
El huachicol fiscal dejó en 2025 un hueco que ahora tiene cifra oficial: 8 mil 824 millones de litros de combustible que se vendieron sin un origen que cuadre con las facturas, equivalentes a 61 mil 785 millones de pesos. Así lo informó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, en la Mañanera del Pueblo de este miércoles 21 de octubre, donde el gobierno federal presentó el balance más completo hasta ahora de su estrategia contra el contrabando y la venta irregular de gasolinas y diésel. El dato importa porque no se trata solo de pipas aseguradas: describe cuánto combustible circuló por la cadena legal sin pagar lo que debía y en qué eslabones se concentró.
La conferencia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, reunió a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos. La versión estenográfica oficial aún no estaba publicada en el sitio de Presidencia al cierre de esta nota, por lo que las cifras y frases citadas corresponden a lo transmitido en vivo y recogido de forma coincidente por medios como El Universal, Excélsior, Quadratín y Ámbito.
Qué es el desbalance del huachicol fiscal y dónde se concentra
A diferencia del robo de combustible en ductos, el huachicol fiscal ocurre con papeles de por medio: se importa gasolina o diésel declarándolo como otro producto o con volúmenes menores, se factura con empresas fantasma o se vende en gasolineras sin que los litros despachados coincidan con los comprados. El resultado es combustible que llega al consumidor sin pagar completo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Para medirlo, la Secretaría de Energía cruzó las facturas y la trazabilidad de todo 2025 entre las empresas con permiso en cada etapa de la cadena: importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio. La diferencia entre lo que cada participante compró y lo que vendió es el desbalance. Según la presentación, el 72 por ciento se acumula entre los comercializadores, con alrededor de 6 mil 352 millones de litros, y el 13 por ciento en las gasolineras, con cerca de mil 199 millones de litros. El resto se reparte entre importadores, distribuidores y empresas que combinan varios permisos.
«El mayor desbalance de todos, el 72%, se acumula en el segmento de comercialización. Después tenemos el segmento de expendios que concentran y acumulan el 13% de los desbalances y así el resto de los segmentos», explicó la funcionaria, según lo citaron de forma coincidente Excélsior y Quadratín. Añadió que esos registros ya no pueden alterarse porque el ejercicio fiscal de 2025 está cerrado, y que un análisis similar se está haciendo con las operaciones de 2026.
La advertencia de la secretaria fue directa: «Absolutamente todas las empresas que en el pasado habían utilizado sus permisos de manera inadecuada tendrán ahora que rendir cuentas ante todas las autoridades competentes y ponerse al corriente del pago de impuestos». De acuerdo con lo expuesto, la coordinación involucra a 16 instituciones, entre ellas el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas, la Comisión Nacional de Energía, Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Profeco, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Las sanciones: empresas cerradas, gasolineras multadas y detenidos
El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, detalló el lado operativo de la estrategia. Según la cobertura de El Universal y Ámbito, el balance presentado incluye:
- 2 mil 224 empresas cerradas por el SAT por vender combustible sin los permisos correspondientes.
- 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras por presentar de manera inadecuada sus controles volumétricos.
- 180 empresas dadas de baja del padrón de importadores por contrabando y 175 catalogadas como factureras.
- 264 permisos de comercialización y expendio cancelados por la Comisión Nacional de Energía, y otros 307 en procedimiento de sanción.
- Más de 61 mil 500 unidades de transporte de combustible identificadas con código QR y GPS para su revisión en carretera.
- 2 mil 539 personas detenidas y 173.7 millones de litros de combustible incautados en operativos de seguridad.
En el terreno judicial, se informó que el SAT ha presentado 152 denuncias ante la FGR por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; la Procuraduría Fiscal de la Federación, 127 por defraudación fiscal; la Comisión Nacional de Energía, 150 por inconsistencias en los volúmenes despachados; la Agencia Nacional de Aduanas, 11 por contrabando y falsedad en declaraciones, y Pemex, 10 mil 674 por robo de combustible.
La presidenta Sheinbaum enmarcó esos números en un mensaje político: el contrabando de combustible afecta a todos porque se dejan de pagar impuestos que financian servicios públicos. «Se avanzó en el 2025 y todo lo que hemos hecho en 2026 para cerrarle la puerta a este grave delito», dijo, según El Universal. El tema ha tenido capítulos de alto perfil, como la detención del llamado «Capitán Sol» por huachicol fiscal, reportada por Mexican Times a inicios de octubre.
Aduanas y Pemex: el otro lado de la cuenta
El gobierno también presentó lo que considera el efecto recaudatorio de cerrar la llave. De enero a septiembre de 2026, el volumen de combustibles declarados en importación subió 10.54 por ciento, de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros, según datos atribuidos a la Agencia Nacional de Aduanas. «Se logró la rectificación de los volúmenes manifestados en los pedimentos de importación recuperando 1952 millones de litros de combustibles que pretendían ser internados de manera ilegal a nuestro país», declaró Vidal Amaro, de acuerdo con Ámbito. Esa rectificación, hecha en 14 aduanas, equivale a 13 mil 664 millones de pesos de IEPS, y vino acompañada de más de 500 multas y procedimientos contra ocho agentes aduanales.
Para Pemex, el funcionario atribuyó a estas acciones un aumento de 17.9 por ciento en las ventas de gasolinas y diésel entre enero y septiembre, con un valor de 160 mil 589 millones de pesos. En la misma conferencia, el director de la petrolera, Juan Carlos Carpio Fragoso, reportó una producción de 1.76 millones de barriles diarios, cerca de la meta de 1.8 millones, y una reducción de deuda de más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años. «Hoy tenemos el nivel más bajo desde 2014», afirmó, según El Universal.
En la sesión de preguntas, Sheinbaum también se refirió al gran aseguramiento de combustible en una terminal de almacenamiento en San José Iturbide, Guanajuato, que atrajo la FGR. Según la mandataria, la investigación no encontró un caso de huachicol: «Toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos, había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa», dijo, de acuerdo con Excélsior. La aclaración muestra que no todo decomiso termina en un expediente de contrabando, y que la cifra de desbalance es una señal para auditar, no una sentencia contra cada empresa.
Qué significa para el consumidor
Para quien carga gasolina, el combate al huachicol fiscal tiene dos lecturas. La primera es fiscal: cada litro que entra sin pagar IEPS es dinero que deja de llegar a la hacienda pública, y el gobierno sostiene que recuperarlo ayuda a sostener el gasto sin nuevos impuestos. La segunda es de calidad y competencia: el combustible sin origen comprobado suele venderse más barato en algunos puntos, lo que distorsiona precios y puede implicar producto adulterado. El control de volúmenes en las gasolineras, por el que ya se han multado más de 2 mil estaciones, apunta precisamente a ese último eslabón.
El precio en la bomba sigue siendo una preocupación aparte. La Profeco, por ejemplo, ha advertido que la gasolina Premium a más de 30 pesos no se justifica, un recordatorio de que cerrar el contrabando no garantiza por sí solo litros más baratos.
Lo que sigue es la parte más difícil: convertir el desbalance de 8 mil 824 millones de litros en cobros efectivos y en carpetas que lleguen a sentencia. La Secretaría de Energía ya adelantó que hará el mismo ejercicio con las operaciones de 2026; la pregunta que quedará abierta en las próximas mañaneras es cuántas de las empresas señaladas pagan, cuántas pierden su permiso y cuántos casos terminan ante un juez.
