Por Bruno Cortés
La diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó formalmente una iniciativa de reforma encaminada a modificar la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El proyecto plantea exentar de dicho gravamen fiscal a los servicios profesionales de psicología en todo el país, siempre que sean ejercidos por personas con título de licenciatura y cédula profesional.
El documento técnico fue turnado de manera inmediata a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis, debate y posterior dictaminación. La propuesta busca modificar la política tributaria actual, la cual impone una tasa del 16% de IVA a la atención psicológica, a diferencia de las consultas médicas y psiquiátricas que ya se encuentran exentas de este impuesto.
La exposición de motivos señala que el costo financiero de la atención privada constituye la principal barrera económica para el acceso a la salud mental, afectando de forma directa a millones de ciudadanos de bajos ingresos. La eliminación del impuesto permitiría una reducción inmediata en el precio final de las consultas, aliviando la carga presupuestaria familiar en tratamientos de mediano y largo plazo.
Los indicadores de salud pública en el país demuestran que la psicología clínica opera como la primera línea de contención frente a padecimientos de alta incidencia como la ansiedad, la depresión y los trastornos asociados al consumo de sustancias. De acuerdo con el dictamen propuesto, la intervención oportuna en estas áreas disminuye de forma matemática las tasas de hospitalización subsecuentes en el sector público.
La reforma fundamenta su viabilidad en la necesidad de robustecer el derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El planteamiento enfatiza que la diferenciación fiscal vigente entre las disciplinas de psiquiatría y psicología carece de un sustento técnico justificado dentro del sistema de atención médica integral.
El texto de la iniciativa detalla que la exención aplicará de manera exclusiva a aquellos profesionales que cumplan con la regulación del Estado en materia educativa, garantizando la certeza jurídica de los pacientes. Esta medida busca desincentivar la práctica informal y asegurar que los beneficios fiscales se trasladen directamente a la población usuaria de servicios debidamente certificados.
Estudios clínicos referenciados en el proyecto legislativo indican que la atención psicológica temprana influye positivamente en el apego a tratamientos médicos crónicos y reduce las estadísticas de suicidio a nivel nacional. La adecuación a la Ley del IVA pretende corregir una asimetría regulatoria, consolidando una política de prevención que priorice el bienestar psicológico como un componente esencial del desarrollo social.