Por Bruno Cortés
El diputado federal Jorge Armando Ortiz Rodríguez formalizó un frente legislativo y presupuestal ante la Cámara de Diputados para detener la privatización de litorales en Nayarit y rescatar la operatividad financiera del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). La acción legislativa responde directamente al litigio territorial en la playa Las Cocinas, donde la empresa Cantiles de Mitla pretende restringir el acceso público a la zona federal. El legislador denunció la judicialización del conflicto mediante la emisión de órdenes de aprehensión contra los ciudadanos que encabezan la resistencia civil.
Los mandamientos judiciales vigentes pesan sobre los activistas locales José Ávila y Eduardo Huerta, señalados por la corporación inmobiliaria tras coordinar las movilizaciones de defensa comunitaria. Ortiz Rodríguez argumentó que ambos ciudadanos ejercen un derecho constitucional al exigir el respeto irrestricto a los 20 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). La delimitación técnica de esta franja costera corresponde por ley a la federación, por lo que su ocupación o usufructo privado por parte de agentes comerciales constituye una violación al marco normativo vigente.
El conflicto en la Riviera Nayarita escaló de una disputa por deslinde de terrenos a una persecución penalizada que, según el congresista, busca desarticular la defensa de los recursos naturales en el municipio de San Blas. Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un incremento en las denuncias patrimoniales interpuestas por consorcios turísticos contra comuneros en la región de Bahía de Banderas y Compostela. Esta tendencia penal inhibe la participación ciudadana en la vigilancia de los ecosistemas costeros del Pacífico mexicano.
Paralelamente, el diputado federal integró a su agenda de fiscalización la problemática laboral que atraviesa el IMTA, un organismo descentralizado clave para el diseño de la política hídrica nacional. En coordinación con el Sindicato de Trabajadores del instituto (SITIMTA), encabezado por el secretario general Juan Humberto Salgado, se exigió a la Dirección General el cumplimiento estricto del contrato colectivo. El gremio denuncia violaciones sistemáticas a las condiciones generales de trabajo y el impago de prestaciones previamente pactadas ante las autoridades laborales.
La viabilidad operativa del IMTA se encuentra comprometida debido al rezago presupuestal acumulado en los últimos ejercicios fiscales, lo que limita su capacidad de investigación científica y desarrollo tecnológico. La minuta firmada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece compromisos salariales específicos que no han sido liquidados por la administración del instituto. Esta omisión institucional afecta directamente la productividad de los laboratorios encargados de monitorear la calidad del agua y el estrés hídrico en las cuencas nacionales.
Ante este escenario, Ortiz Rodríguez emitió un exhorto formal dirigido a la Semarnat y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para modificar los techos presupuestales del ejercicio fiscal correspondiente. La propuesta del legislador contempla una ampliación de recursos etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para garantizar la suficiencia económica del instituto tecnológico. Los fondos adicionales solicitados se destinarán a la actualización salarial de los investigadores y a la adquisición de instrumental especializado de medición de acuíferos.
El fortalecimiento presupuestal del IMTA se perfila como un requisito técnico indispensable para consolidar el proyecto del Ejecutivo Federal encaminado a garantizar el derecho humano al agua potable. La falta de especialistas y de herramientas de laboratorio ralentiza la validación de proyectos de infraestructura hidráulica en las zonas de mayor marginación del país. La confluencia de la defensa de los litorales públicos en Nayarit y la estabilización laboral del IMTA marcan los ejes de la agenda de fiscalización que el legislador sostendrá en comisiones.
