Por Bruno Cortés
La discusión que inició este martes 20 de octubre en el pleno del Senado sobre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos plantea un dilema de fondo: cómo acelerar la digitalización de los pagos en un país donde menos de la mitad de los adultos los utiliza, sin excluir a quienes dependen del efectivo.
El debate arrancó por la tarde, según El Universal, luego de que las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera aprobaran el dictamen, de acuerdo con la Coordinación de Comunicación Social del Senado. La Cámara de Diputados ya había avalado la minuta el 6 de octubre, con 327 votos a favor y 122 en contra. La votación en el pleno de la Cámara Alta seguía pendiente al cierre de esta nota.
La arquitectura de la ley
El dictamen es breve: 22 artículos y cinco transitorios. Su núcleo es el reconocimiento legal de los medios de pago digitales y electrónicos, entre ellos códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y crédito, domiciliación y transferencias de fondos.
Un segundo componente es la identidad digital. La norma define a la CURP Digital y al Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para contratar servicios financieros en línea, y considera plataformas y aplicaciones web y móviles como soluciones para modernizar el pago de trámites y servicios.
El tercero son las obligaciones: proveedores de bienes y autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar infraestructura, promover estos medios y prever medidas para contingencias que impidan su uso.
El punto de tensión: las facultades de Hacienda
La disposición más debatida otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de definir los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que solo se aceptarán pagos digitales. El efectivo y el cheque quedan permitidos únicamente cuando una contingencia imposibilite las transacciones electrónicas.
Es aquí donde se concentra la crítica opositora, que ha cuestionado la amplitud de esas facultades. Las comisiones intentaron acotar la interpretación al dejar por escrito que la norma no implica una “eliminación inmediata, absoluta y generalizada” del efectivo, sino un marco para ampliar los pagos digitales de manera progresiva, según Proyecto 10. Sin embargo, el alcance real dependerá de cómo Hacienda ejerza esa atribución.
Lo que dicen los datos
El propio dictamen ofrece los números que explican tanto la oportunidad como el riesgo. Con información de México Evalúa y la Agencia de Transformación Digital:
- 86.1 por ciento de la población de seis años o más tiene acceso a internet
- 85 por ciento de los comercios está bancarizado
- Solo 41.4 por ciento de los adultos usa pagos digitales
- En América Latina esa proporción es de 59 por ciento
La lectura es clara: la infraestructura básica existe, pero el uso va rezagado. La pregunta es si una ley puede cerrar esa distancia o si los obstáculos están en la confianza, los costos y la conectividad.
La confianza en la infraestructura
El debate coincide con quejas de usuarios por fallas intermitentes en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios del Banco de México, que afectaron operaciones en varios bancos y alimentaron el escepticismo, según Proyecto 10. El Banco de México no había detallado públicamente el alcance de esas fallas. Para una ley que obliga a prever contingencias, la solidez del sistema es un factor central.
Dos visiones en conflicto
Del lado de los afectados, pequeños comerciantes temen quedar fuera del sistema o pagar más por comisiones. Según Proyecto 10, la semana pasada carniceros del Mercado de San Juan, en Iztapalapa, bloquearon la avenida Zaragoza, y en redes sociales se organizó una “resistencia” contra el fin del efectivo.
Del lado de los promotores, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, argumentó que la digitalización tiene una dimensión social: una tiendita o taller que opere con estos medios podrá registrar ingresos, acreditar operaciones y acceder a crédito, además de ahorrar tiempo de traslado y espera, según El Universal.
Escenarios tras la votación
Si el Senado aprueba sin cambios, la ley irá al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y comenzará una implementación gradual. Si hay modificaciones, la minuta volverá a la Cámara de Diputados. La oposición ha pedido mayores garantías para la población no bancarizada y para las zonas sin conectividad.
