Por Ignacio Fuentes Salazar
La Cámara de Diputados cerró la noche del martes 13 de octubre un tramo del Paquete Económico que suele quedar a la sombra del ISR y de la Ley de Ingresos: la reforma a la Ley Federal de Derechos 2027. Según la cobertura de La Razón, Expansión, El Economista y Bloomberg Línea, el pleno la avaló en lo general con 329 votos a favor y 117 en contra, y en lo particular con 339 a favor, 113 en contra y abstenciones menores. La minuta ya viaja al Senado. La tesis de este análisis es que el discurso de “recaudar sin impuestos nuevos” convive, desde anoche, con un rediseño de cuotas por servicios y bienes de la nación que sí encarece trámites, turismo y la operación de sectores clave.
Ese matiz importa hoy, miércoles 14, mientras San Lázaro sigue con el ISR en lo particular y prepara la Ley de Ingresos. Mexican Times ya documentó cómo la Comisión de Hacienda sacó en 120 minutos y sin cambios el dictamen de ingresos; ahora el foco debe ampliarse a la pieza que el oficialismo sí cerró primero en el pleno: los derechos. No es un impuesto de tasa general, pero tampoco es un ajuste cosmético. Es la palanca silenciosa del paquete.
Qué quedó confirmado en la Ley Federal de Derechos 2027
Lo confirmado es el voto del pleno y el envío al Senado. Bloomberg Línea ubicó la sesión en alrededor de ocho horas; La Razón registró la secuencia: primero Derechos, después el ISR en lo general. Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, sostuvo —según esos reportes— que no hay una actualización indiscriminada de tarifas, sino ajustes ligados a costos efectivos de servicios y al aprovechamiento de bienes nacionales. Claudia Rivera (Morena) subrayó que no se crean impuestos nuevos ni se suben, en su relato, las tarifas de pasaportes y el uso aeroportuario genérico.
La proyección de ingresos por derechos, asociada a la Ley de Ingresos 2027, ronda los 177 mil 185 millones de pesos, un alza cercana a 13% nominal respecto de lo aprobado para este año, según El Economista y Bloomberg Línea. Ese monto define cuánto el Estado espera cobrar por usar vías, espectro, agua, espacio aéreo y por tramitar permisos. Mientras el debate mediático se concentra en deducciones del ISR o en el techo de deuda, la Ley Federal de Derechos 2027 ya salió de San Lázaro con mayoría consolidada. La aprobación exprés del dictamen de ingresos en comisión mostró la misma lógica de votos amarrados; aquí esa lógica se trasladó al pleno.
Turismo, trenes y aire: las cuotas que sí suben
El Derecho de No Residente (DNR), el cobro a visitantes extranjeros de corta estancia, pasa de 983 a 1 mil 158 pesos, un aumento de 17.8%, según Expansión y Bloomberg Línea. Es el segundo alza anual consecutiva: de 2025 a 2026 ya había subido desde 860.56 pesos. La propuesta original del Ejecutivo apuntaba a 1 mil 334 pesos; la mayoría la bajó ante la presión del sector turístico, pero el incremento se mantuvo. Bloomberg Línea y Expansión coinciden en el reparto del DNR: 57% a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación.
Esa distribución es el nudo político del cobro. Patricia Flores Elizondo (Movimiento Ciudadano), citada por Expansión, planteó que si se cobra más al visitante hay que cuidar la competitividad de los destinos y explicar por qué los recursos privilegian a Sedena mientras los municipios turísticos acumulan necesidades de agua, limpieza e infraestructura. Expansión reportó más de 50 reservas sin discusión ni aprobación; La Jornada consignó cientos de reservas rechazadas en bloque.
En aviación, las cuotas por uso del espacio aéreo mexicano suben 10%; el rango reportado por Expansión va de 0.42 hasta 32 mil 560.56 pesos por kilómetro volado, según el tipo de aeronave. En ferrocarriles, la tasa del derecho de vía pasa de 1.25% a 3% sobre ingresos brutos a partir del año 16 de la concesión, y se mantiene en 0.5% para proyectos nuevos. Dolores Padierna (Morena) defendió que el ajuste lo pagan concesionarios; la oposición, con voces como el panista Héctor Saúl Téllez en el pleno, advirtió el traslado de costos al consumidor final.
También se homologan visas ordinarias en consulados y embajadas a 1 mil 639.80 pesos. Expansión reportó alzas de 66% en visas ordinarias (desde 990 pesos) y de 153% en visas de visitante de larga duración sin permiso de actividades remuneradas (desde 648 pesos). El Economista apuntó un aumento de 16% en derechos de la CNBV y reducciones cercanas a 12% en algunos derechos del espectro radioeléctrico orientados a 5G. Hay exenciones de domingo en Áreas Naturales Protegidas con museos o zonas arqueológicas y beneficios para comunidades indígenas vinculadas a esas áreas.
Cofepris, agua y el riesgo de disfrazar el impuesto
El ejemplo que más circuló en tribuna fue sanitario. Héctor Saúl Téllez (PAN), según La Razón y Bloomberg Línea, citó la licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea: de 1 mil 482 a 17 mil 349 pesos, un salto de más de mil por ciento. Expansión añadió la actualización de 29 servicios de Cofepris y un incremento de 30% en cuotas de Semarnat. Aunque el oficialismo insiste en que un derecho no es un impuesto —José Luis Montalvo Luna (PT) lo resumió como “paga quien usa”—, la oposición argumenta que cuando el permiso es barrera de entrada el cobro funciona como carga tributaria de facto.
En agua, el dictamen obliga a concesionarios a instalar medidores autorizados por Conagua; Padierna precisó, según Expansión, que la medida apunta a industriales, mineros, agroindustriales y organismos operadores. El priista Yerico Abramo Masso, citado por La Razón, desplazó la crítica hacia el endeudamiento de 2027. Mexican Times ya registró el juicio del FMI sobre una consolidación fiscal más gradual de lo anunciado. En ese marco, cada peso de derechos cuenta: no sustituye al ISR ni al IEPS, pero reduce la presión política de tocar tasas visibles y puede trasladarse a precios de boletos, fletes y permisos.
Lo pendiente en el Senado y lo que conviene vigilar
Lo pendiente es claro y tiene fecha. El Senado debe discutir y votar la minuta; Expansión y El Economista sitúan el límite el 31 de octubre. Hasta que no haya aprobación senatorial y publicación, las cuotas no son ley vigente para 2027. Tampoco está cerrado si la cámara alta suaviza el DNR, el 3% ferroviario, las tarifas de Cofepris o el reparto del 57% a Sedena. Lo confirmado en Diputados es la mayoría y el diseño; lo pendiente es la versión final y su impacto en precios y competitividad turística.
El calendario de San Lázaro sigue denso. La agenda legislativa de octubre ya anticipaba que el Paquete Económico concentraría el mes; anoche quedó demostrado que la mayoría puede cerrar una pieza completa —Derechos— mientras deja el ISR en receso y la Ley de Ingresos para el tramo más cargado de reservas. Para el lector, la distinción práctica es esta: “sin impuestos nuevos” describe tasas generales; no describe el costo de entrar al país, de volar, de operar un tren o de obtener una licencia sanitaria.
Conviene vigilar tres señales. Primera: si el Senado mueve el DNR o su destino presupuestal hacia municipios turísticos. Segunda: si alguna cuota de Cofepris o de Semarnat se modula tras el reclamo de desproporción. Tercera: cómo se articula este cobro con la votación de la Ley de Ingresos, porque la proyección de 177 mil 185 millones de pesos por derechos solo se sostiene si las cuotas sobrevivientes se cobran de verdad. La Ley Federal de Derechos 2027 ya no es un anexo técnico: es el primer sello del pleno sobre la forma en que el Estado mexicano cobrará por usar lo que es de todos.
