Por Bruno Cortés
El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, junto con regidores de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, denunció una presunta red de falsificación de documentos oficiales, uso indebido de recursos públicos y protección política y judicial dentro del municipio, por lo que pidieron la intervención de autoridades estatales y federales para revisar el caso.
Durante una conferencia de prensa, el legislador aseguró que en Oaxaca se está formando una concentración de poder que, según dijo, ya comenzó a afectar a quienes forman parte de la oposición política. De acuerdo con Ramírez Reyes, el problema no sólo estaría en el gobierno estatal, sino también en instituciones como el Congreso local y el Poder Judicial, donde acusó falta de pluralidad y decisiones que favorecen a ciertos grupos políticos.
Para entender la gravedad de la denuncia, los regidores explicaron que el conflicto gira en torno al manejo de documentos oficiales del ayuntamiento. Según su versión, habrían sido utilizadas firmas y sellos falsos para realizar trámites fiscales y jurídicos sin autorización de algunos integrantes del cabildo. En términos simples, acusan que alguien habría actuado en nombre de funcionarios municipales sin su consentimiento, algo que podría representar delitos como falsificación de documentos y suplantación de identidad.
Gibrán Ramírez afirmó que estas acciones tuvieron consecuencias económicas para varios regidores, ya que presuntamente dejaron de cubrirse obligaciones fiscales y después las defensas legales fueron realizadas por personas o firmas cuya representación jurídica es cuestionada. Como resultado, algunos funcionarios municipales habrían acumulado deudas personales superiores a los 200 mil pesos.
Por su parte, la regidora Adriana Díaz señaló que el gobierno municipal habría centralizado todas las notificaciones judiciales en un despacho llamado “Kratos Abogados”, cuya existencia legal, aseguró, no aparece registrada en el Sistema de Información Empresarial Mexicana. La funcionaria cuestionó cómo se le pagan honorarios a una entidad que, según dijo, no cuenta con registros oficiales.
La regidora también acusó que dentro del municipio existe una supuesta “fábrica de firmas y sellos”, donde se elaboran documentos oficiales apócrifos para justificar procedimientos administrativos y legales. Además, responsabilizó públicamente al presidente municipal Juan Carlos García Márquez de cualquier acto de intimidación, acoso o violencia que pudiera sufrir ella o su familia tras hacer estas denuncias.
Otro de los regidores, Luis Rey López Martínez, aseguró que existe una red de protección dentro del sistema judicial local. Según explicó, algunas autoridades habrían rechazado recursos legales y solicitudes para analizar las firmas mediante pruebas periciales, lo que, desde su perspectiva, busca evitar que se confirme la falsificación de documentos.
Los denunciantes pidieron al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como al Congreso estatal y al Congreso federal, revisar lo que ocurre en Santa Lucía del Camino. Aseguraron que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica que podría reflejar problemas más amplios relacionados con transparencia, rendición de cuentas y uso del poder en gobiernos municipales.
El caso también pone sobre la mesa un tema importante en las políticas públicas: la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control dentro de los ayuntamientos. Cuando existen denuncias sobre documentos falsos o manejo irregular de recursos, las instituciones encargadas de fiscalizar y supervisar deben intervenir para garantizar que el dinero público y las decisiones oficiales se manejen conforme a la ley.
