Por Santiago Beltrán Rivas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el 13 de agosto de 2026 en Panamá que la campaña contra organizaciones de narcotráfico se extenderá a operaciones terrestres. Lo hizo en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (también llamada Escudo de las Américas) y de los ejercicios Panamax 2026. Dijo que se aplicarán tácticas usadas contra ISIS y Al Qaeda, y que los grupos podrán ser objetivo “donde quiera” que operen.
Diecinueve países integran ya la alianza. Colombia formalizó su ingreso esta misma semana y autorizó operaciones militares conjuntas. En la lista aparecen Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Perú, Costa Rica, República Dominicana y otros. México no está. Tampoco Brasil.
La cifra que ancla el precedente marítimo es clara: desde septiembre de 2025, los ataques aéreos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental han dejado al menos 215 muertos, según reportes que llegan a 221. Hegseth y el Comando Sur han rechazado someter a los señalados a proceso judicial convencional. Juristas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas WOLA, advierten que esos ataques pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Una investigación del Los Angeles Times ha señalado posibles mexicanos entre las víctimas; las autoridades mexicanas han respondido que no tienen información confirmada.
En su discurso, Hegseth mencionó expresamente el fentanilo “en las plazas de México” como uno de los frentes. Lo hizo sin que México forme parte de la coalición que diseña y ejecuta la estrategia. La ausencia puede leerse de dos maneras y cada una tiene precio.
Quedarse fuera preserva la soberanía formal: ninguna tropa extranjera entra sin autorización del Senado, como establece el artículo 76, fracción III, de la Constitución. Pero también deja a México sin asiento en la mesa donde se discuten operaciones que Washington dice poder llevar “donde quiera”. Entrar daría voz y coordinación, al costo de validar un marco que ya ha generado cuestionamientos de derecho internacional por la campaña marítima.
Colombia eligió la segunda vía. Su nuevo gobierno sostiene que la cooperación “fortalece y no sustituye” la responsabilidad soberana. El debate allá es público. Aquí todavía no se ha abierto con la misma claridad.
La Constitución mexicana no es ambigua. El ingreso o tránsito de tropas extranjeras requiere autorización del Senado. Cualquier operación unilateral en territorio nacional enfrentaría ese límite jurídico y político. Hasta ahora no hay anuncio de despliegue específico dentro de México; hay un marco anunciado y una mención directa.
Lo que sigue es concreto: postura formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Sedena, posibles comparecencias en el periodo ordinario del Congreso y la pregunta que aún no tiene respuesta pública. ¿México fue invitado y declinó, o no fue invitado?
¿Cuántos de los muertos en el mar tienen nombre y nacionalidad confirmada? Esa es la pregunta que cualquier ciudadano puede hacerle a alguien más esta noche.
