Lead. México ha logrado reducir la violencia letal más visible, pero la cifra negra, las diferencias regionales y el aumento de otras formas de violencia mantienen abierta la alerta de seguridad.
Los homicidios dolosos registran una caída cuantificable en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La mejora es importante, aunque no se traduce automáticamente en una experiencia de tranquilidad para todas las comunidades.
La ENVIPE del INEGI muestra que robos, fraudes y extorsiones siguen afectando de manera cotidiana a millones de personas, muchas veces sin que exista una denuncia formal.
Más de 93 por ciento de los delitos no se denuncia o no deriva en una carpeta de investigación. Esa cifra negra impide que los registros oficiales capturen todo lo que ocurre.
Una persona puede vivir un fraude, un robo o una extorsión y decidir no acudir a una autoridad. El hecho desaparece de la estadística ministerial, pero permanece en sus decisiones y en su percepción de riesgo.
El territorio también importa. Hay entidades con descensos claros y otras que se deterioran o siguen en niveles críticos, por lo que el promedio nacional debe leerse con cautela.
La violencia tampoco se limita al homicidio doloso. México Evalúa ha señalado que las desapariciones y algunos delitos contra la vida aumentan mientras el indicador de homicidios disminuye.
Los datos de fiscalías y los estudios de victimización cumplen funciones distintas. Los primeros registran lo que llega a las instituciones; los segundos se acercan a la experiencia de quienes no denunciaron.
La distancia entre ambos indicadores produce una paradoja pública: las cifras de homicidio mejoran, pero el miedo puede seguir limitando horarios, recorridos y actividades familiares.
Para leer los datos: caída de homicidios; más de 93 por ciento de cifra negra; heterogeneidad territorial; desplazamiento hacia otras expresiones de violencia.
La respuesta requiere prevención, investigación, atención a víctimas y mejores condiciones para denunciar. También exige que las políticas se evalúen por la seguridad que las personas pueden sentir y no solo por los delitos registrados.
La pregunta final es si la reducción de la violencia letal será suficientemente sólida para cerrar la brecha con la vida cotidiana. Mientras esa distancia exista, la recuperación será parcial.
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