Por Bruno Cortés
La Cámara de Diputados albergó el foro titulado «Construyendo la democracia sin discriminación», organizado con el objetivo de estructurar los parámetros técnicos de una reforma político-electoral orientada a las comunidades originarias. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que el 20 por ciento de la población nacional se autoadscribe como indígena, un volumen demográfico que, bajo un criterio de proporcionalidad directa, equivaldría a 100 escaños dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El diseño de la política pública actual en materia electoral opera bajo un vacío normativo de cara al proceso federal del año 2027, debido a la ausencia de una ley reglamentaria específica para el artículo constitucional que reconoce a estos grupos como sujetos de derecho público. Las acciones vigentes dependen de lineamientos administrativos emitidos de forma provisional por el Instituto Nacional Electoral (INE) y de resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El esquema de asignación de candidaturas mediante acciones afirmativas registra distorsiones operativas por la falta de un mecanismo de fiscalización punitivo sobre la autoadscripción calificada. Esta laxitud normativa posibilita la inscripción de perfiles que no guardan correspondencia con el origen étnico, ni con el dominio de las lenguas originarias, ni con el arraigo territorial en los distritos electorales federales con alta densidad de población comunitaria.
La propuesta técnica busca incorporar al marco jurídico mexicano las tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente las derivadas del caso Yatama contra Nicaragua. Dicho precedente internacional mandata a los Estados firmantes a habilitar canales institucionales directos para la postulación de candidaturas desde las asambleas comunitarias, prescindiendo del monopolio de registro que ostentan los partidos políticos tradicionales.
El bloque legislativo impulsor del foro determinó que la ruta crítica para la construcción de la reforma legal incluirá el procesamiento de los resolutivos técnicos emanados de las mesas de trabajo para su posterior consulta formal en territorio. Este procedimiento es un requisito constitucional indispensable para validar cualquier modificación al marco normativo que afecte los derechos político-electorales de los pueblos originarios y afromexicanos.
La representación técnica del TEPJF señaló que la reforma constitucional de 2024 obliga a las autoridades electorales a transitar de un modelo tutelar a uno de interlocución constitucional directa. La adecuación secundaria deberá normar la coexistencia entre los sistemas normativos internos de las comunidades y el régimen general de partidos, regulando las dimensiones colectivas del voto y el financiamiento público proporcional.
El proceso de redistritación y las consultas previas ejecutadas por el INE han resultado insuficientes para corregir las barreras estructurales de acceso a los cargos de elección popular. La comisión organizadora del encuentro legislativo iniciará la redacción del proyecto de dictamen basándose en los criterios de proporcionalidad demográfica y control de identidad étnica validados durante las ponencias de los especialistas en derecho electoral.