Por Rodrigo Ávila Montaño
El paro del Poder Judicial de la Federación cumplió este sábado 7 de noviembre su segundo día sin señales de levantarse. Trabajadores de juzgados y tribunales federales mantienen cerradas sedes en buena parte del país en rechazo al nuevo esquema de evaluación del desempeño, mientras el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, abrió un canal de diálogo con los sindicatos y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) insiste en que nadie perderá su plaza.
De acuerdo con un recuento de N+ actualizado al mediodía de este sábado, la movilización alcanza al menos 40 sedes en 23 estados, entre ellas Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Acapulco, Xalapa, Tuxtla Gutiérrez, Cancún y cinco edificios de la Ciudad de México: San Lázaro, Ajusco, Las Flores, Prisma y Revolución. El viernes, La Razón y El Universal contabilizaban al menos 17 estados, y El Universal reportó adhesiones en más de 20 entidades al cierre de la jornada.
Por qué inició el paro del Poder Judicial
La inconformidad nació con el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, que regula la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial: secretarios, actuarios y oficiales. El calendario oficial prevé cargar información a la plataforma del 11 al 13 de noviembre, publicar los temarios el 17 y 18, y aplicar los exámenes en diciembre: a secretarios el día 4, a actuarios el 8 y a oficiales el 14 y 15.
Los trabajadores cuestionan que el examen de conocimientos pese 40 por ciento de la calificación y que el resto dependa de otros factores, como la valoración de sus superiores jerárquicos. «No nos estamos negando a que nos evalúen, pero que no sea con el propósito de corrernos», dijo a La Razón Patricia Aguayo Bernal, secretaria de un tribunal colegiado laboral y vocera en San Lázaro. Los inconformes piden dejar sin efectos el acuerdo, garantías de estabilidad, aumento salarial, redistribución de cargas y mesas de negociación.
La Corte abre diálogo; el OAJ descarta despidos
En un comunicado, la Suprema Corte informó que Aguilar Ortiz se reunió con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y con Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación. «La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla», señaló el máximo tribunal, que pidió que la evaluación «no sea punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades».
El OAJ, por su parte, difundió el comunicado 104/2026 en el que califica de falso que los exámenes de diciembre provoquen despidos. Los artículos transitorios cuarto y quinto del acuerdo establecen que esta primera evaluación será diagnóstica, sin aprobación ni reprobación ni efectos sobre la permanencia. Sin embargo, como precisó La Razón, el mismo acuerdo sí prevé consecuencias en las evaluaciones ordinarias posteriores: una calificación menor a 60 puntos se considera insuficiente y, si el resultado queda firme, el pleno resolverá conforme a la Ley de Carrera Judicial, que contempla la separación del cargo.
En paralelo, el OAJ publicó el calendario de prestaciones: la primera parte del aguinaldo se pagará el 13 de noviembre y la segunda el 5 de enero de 2027, además de un incremento salarial de 4.5 por ciento pactado el 21 de octubre con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Tensión en Durango y efectos en trámites
La jornada del viernes registró un momento de tensión en Durango, donde el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, fue encarado por integrantes del Sindicato Renovación durante una gira; según autoridades de la dependencia citadas por El Universal, fue agredido, e Infobae reportó que terminó en el suelo durante el intercambio. En la capital, manifestantes cerraron por casi cuatro horas la calzada Ignacio Zaragoza frente al Palacio de Justicia de San Lázaro, y en Monterrey bloquearon la avenida Constitución.
Para la ciudadanía, el efecto inmediato es el retraso en la recepción de promociones, la atención de asuntos ordinarios y la celebración de audiencias en las sedes en paro. N+ precisó que no hay confirmación de una suspensión total de trámites a nivel nacional y que las guardias para asuntos urgentes varían por órgano, por lo que se recomienda consultar con el juzgado antes de acudir. La penalista Diana González Obregón advirtió a La Razón que un paro prolongado puede agravar el rezago al cierre del año.
El conflicto llega en una etapa de reacomodo del Poder Judicial tras la reforma, con nuevos órganos como los tribunales de disciplina judicial y la comisión temporal que atiende asuntos del extinto CJF. Aguilar Ortiz ya había advertido tensiones internas en la Corte. Si las mesas de diálogo se instalan y en qué fecha es un dato todavía PENDIENTE.
